La Fiscalía actuará ante el rechazo de comunidades a acoger menores reubicados desde Ceuta
La Fiscalía General del Estado ha emitido una instrucción clara a las comunidades autónomas: intervendrá si alguna de ellas se niega a acoger a menores migrantes no acompañados derivados desde Ceuta. Esta medida busca garantizar la protección y los derechos de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, reforzando el papel del Ministerio Público en la supervisión del proceso de reubicación.
Supervisión reforzada del traslado de menores
La fiscal general, Teresa Peramato, ha solicitado a los fiscales delegados regionales que vigilen de cerca el cumplimiento de las obligaciones de acogida. Según la instrucción emitida, cualquier rechazo o reticencia por parte de una autonomía para recibir a estos menores será motivo de intervención inmediata. El proceso cuenta con un protocolo detallado que asegura la protección del interés superior del menor.
Esta directriz llega en un contexto de debate sobre la gestión de los menores que llegaron solos a Ceuta durante la entrada masiva de finales de julio. Aunque no hay cifras exactas, la Policía ha registrado datos de al menos 1.342 menores, quienes serán reubicados en otras comunidades según el modelo vigente. Sin embargo, este sistema de reparto ha encontrado oposición en comunidades gobernadas por PP y Vox.
Procedimiento ante el rechazo de acogida
- Si una comunidad autónoma rechaza o retrasa la acogida, el fiscal delegado del origen debe notificar al fiscal del destino e incluir la resolución de reubicación y las alegaciones correspondientes.
- El fiscal del destino requerirá a la entidad pública competente que, con urgencia, se designe el recurso más adecuado para proteger a los menores recibidos.
- La Sección de Menores y la consejería autonómica deben ser informadas antes del traslado, así como el fiscal de origen.
- El requerimiento incluirá la advertencia de las responsabilidades legales que puedan derivarse del incumplimiento, conforme al real decreto que regula la derivación desde julio de 2025.
Este procedimiento, implementado desde marzo de 2025, fue diseñado para aliviar la presión migratoria en territorios como Canarias y Ceuta, recordando la obligación legal de todas las comunidades a colaborar en la protección de los menores migrantes.
Apoyo institucional y nuevos recursos para la acogida
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció en Ceuta la inminente activación de una partida presupuestaria específica para la acogida solidaria y vinculante de estos menores. Se prevé la convocatoria de una Comisión Sectorial de Infancia la próxima semana y una Conferencia Sectorial para finales de agosto. El objetivo es coordinar y agilizar la llegada de los menores a la península en colaboración con las autonomías.
A partir del 16 de agosto, un equipo técnico del Ministerio de Juventud e Infancia permanecerá en Ceuta de manera permanente para acelerar y supervisar el proceso de acogida. La ministra reconoció la complejidad de la situación, señalando que el número de menores censados probablemente aumente debido al volumen de llegadas y la dificultad de gestionar los flujos de menores no acompañados.
Con el fin de responder a la emergencia, este viernes se ha habilitado un segundo colegio público para la acogida de menores, y se trabaja para disponer de nuevos espacios que permitan una atención más ágil y segura.
Retos en la identificación y tutela de los menores
Mientras se organizan los traslados, decenas de menores han acudido a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para ser identificados, muchos de ellos tras deambular por la ciudad al no haber ingresado en centros de acogida. Fuentes policiales explican que estos niños y adolescentes se mantenían ocultos por temor a una posible repatriación, pero han sido informados de la necesidad de identificarse para acceder a la tutela y protección de la Ciudad Autónoma.
Esta situación ha provocado que entre el jueves y el viernes se haya visto un incremento de menores presentándose en dependencias policiales para regularizar su situación, en un contexto de presión asistencial y necesidad de respuestas coordinadas entre administraciones.
Conclusión
La intervención de la Fiscalía busca asegurar que los derechos de los menores migrantes no acompañados sean respetados en todo el territorio nacional, más allá de debates políticos o resistencias regionales. El despliegue de recursos y la coordinación institucional serán clave para garantizar una acogida digna y adecuada ante una de las mayores crisis de infancia migrante de los últimos años en España.
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