La división por la carga de trabajo de los jueces vuelve a evidenciar el control conservador del Poder Judicial
Un nuevo episodio de tensión interna sacude al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), poniendo de manifiesto la persistente fractura entre los bloques conservador y progresista. La reciente aprobación de los parámetros que regulan la carga de trabajo de los jueces ha reavivado el debate sobre el control que ejerce el sector conservador en el órgano de gobierno de los jueces.
La votación revela el dominio conservador
El acuerdo adoptado por el Pleno del CGPJ el pasado 22 de julio fue impulsado por los diez vocales de orientación conservadora, quienes contaron con el respaldo de la presidenta, Isabel Perelló, y del vocal Carlos Hugo Preciado, propuesto por Sumar. Frente a ellos, el bloque progresista expresó su oposición a través de dos votos particulares: uno firmado por ocho vocales y otro presentado de forma individual por Inés Herreros, también elegida a propuesta de Sumar.
Ambos sectores críticos coinciden en que la resolución aprobada no cumple la sentencia del Tribunal Supremo de 2023, que obligaba al CGPJ a regular las cargas de trabajo para salvaguardar la salud laboral de los jueces.
Dimisión en protesta por el rumbo adoptado
La división interna ha provocado la dimisión de Ricardo Bodas, vocal progresista y presidente de las comisiones de Carrera y de Salud Judicial. En una carta dirigida a la presidenta Perelló, Bodas argumentó su decisión señalando su desacuerdo radical con las políticas que se impulsarán desde esas áreas, considerando que no sería razonable que continuara liderándolas en esas circunstancias.
Críticas al método y al fondo del acuerdo
Los ocho vocales progresistas que suscribieron el voto particular argumentan que el acuerdo se distancia del método técnico encargado por el propio Pleno para cumplir la sentencia del Supremo. Su discrepancia, explican, no se limita a cuestiones concretas sobre las cargas de trabajo, sino que afecta a los fundamentos metodológicos, la interpretación del alcance de la sentencia y el papel otorgado a los informes técnicos elaborados por los órganos del Consejo, como la Dirección de Estadística del Servicio de Inspección.
Además, denuncian que el acuerdo aprobado por la mayoría no solo altera el contenido de los informes técnicos, sino que cambia la finalidad del trámite de contraste. Según estos vocales, en vez de debatir sobre la validez y la metodología de los informes técnicos, el Pleno consideró una propuesta reelaborada y orientada, carente de rigor científico y objetividad, que no formaba parte de los informes originales.
La sentencia del Supremo y el alcance de la regulación
Los vocales progresistas recuerdan que la sentencia del Supremo exige únicamente la determinación de cargas de trabajo, dejando a criterio del Consejo los mecanismos para su fijación. Sin embargo, consideran que el modelo aprobado va más allá, afectando no solo a la prevención de riesgos, sino también a la organización judicial, el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y, en última instancia, a la calidad y eficacia del servicio público de Justicia.
Perspectiva de género y salud laboral, ausentes
Por su parte, Inés Herreros, vocal progresista, criticó que la propuesta aprobada se fundamenta exclusivamente en el volumen de trabajo asumido y resuelto por cada órgano judicial, un dato que considera un mero indicador de rendimiento y no de salud laboral. Herreros subraya que este enfoque no permite evaluar si el nivel de actividad es compatible con la salud física y psíquica de los jueces, ni integra criterios médicos, psicosociales o de perspectiva de género, así como factores de conciliación y estrés asociados a la crianza o al cuidado de personas dependientes.
Las cifras de la controversia
Fuentes cercanas al vocal Carlos Hugo Preciado sostienen que el documento finalmente aprobado es más favorable que la propuesta inicial del bloque progresista, que, según explican, elevaba las cargas de trabajo por encima de los umbrales establecidos en 2018. El texto definitivo fija provisionalmente una horquilla de 1200-1500 asuntos para la jurisdicción de Primera Instancia Civil. Para lo Social, la carga aprobada oscila entre 800 y 1000 asuntos (con ejecución) y entre 900 y 1100 (sin ejecución), cifras consideradas más acordes con los parámetros de 2018.
Conclusión
La aprobación de los nuevos parámetros para la carga de trabajo de los jueces no solo evidencia la persistencia del control conservador sobre el CGPJ, sino que también ha abierto un profundo debate sobre los métodos, la transparencia y la finalidad de estas regulaciones. La dimisión de Ricardo Bodas y las críticas del bloque progresista ponen de relieve la necesidad de buscar soluciones más consensuadas y técnicamente sólidas para garantizar tanto la salud laboral de los jueces como la calidad del servicio judicial.
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