La Audiencia Provincial de Madrid ordena unificar parte de la investigación del ‘caso residencias’ en un solo juzgado
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles se inhiba en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que ya instruye una investigación sobre la presunta discriminación sanitaria sufrida por personas mayores en residencias durante la primera ola de la pandemia de covid-19. El objetivo de esta medida es evitar resoluciones contradictorias y asegurar una adecuada administración de Justicia, según argumenta el tribunal en su resolución.
Contradicciones en los criterios judiciales
Esta decisión contrasta con la adoptada hace apenas dos meses por la Sección Primera de la misma Audiencia Provincial, que rechazó la unificación de más de una veintena de procedimientos repartidos en distintos partidos judiciales de la Comunidad de Madrid en el Juzgado número 3 de la capital. El tribunal consideró entonces que no se daban los requisitos legales para la acumulación de causas.
Fundamentos de la acumulación de causas
La Sección Séptima fundamenta su decisión en la existencia de una «identidad o estrecha relación» entre los hechos investigados y entre las personas que podrían ser responsables penalmente. El tribunal sostiene que existe una conexidad procesal que aconseja abordar los procedimientos de forma conjunta. Recuerda además que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la acumulación de causas cuando los hechos tienen una relación directa que justifique su enjuiciamiento conjunto.
Según la Audiencia, la concentración de la investigación permitirá determinar de manera unificada las posibles responsabilidades penales, evitando duplicidades y el riesgo de sentencias contradictorias.
Posición de la Fiscalía y asociaciones de familiares
La decisión de acumular parte de los casos coincide con la postura de la Fiscalía, que defiende que todos los procedimientos se centran en los mismos hechos y afectan en gran medida a los mismos presuntos responsables. El Ministerio Público advierte que la dispersión de las causas puede generar desigualdades entre víctimas, retrasos en las investigaciones e incluso una nueva forma de revictimización para las familias afectadas.
Las asociaciones de familiares también han expresado su apoyo a la resolución, al considerar que mantener los procedimientos por separado pone en riesgo el derecho a una tutela judicial efectiva. El equipo jurídico que representa a las familias en más de 80 procedimientos ha destacado la necesidad de buscar una solución que permita una investigación conjunta, similar a la que se sigue en casos como el de la DANA en la Comunidad Valenciana.
Imputados en la causa principal
En la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid figuran como investigados varios altos responsables de la gestión sociosanitaria durante la pandemia:
- Carlos Mur, director general de Coordinación Sociosanitaria entre septiembre de 2019 y mayo de 2020, firmante de los llamados protocolos de la vergüenza.
- Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Mur y considerado el ideólogo de dichos protocolos.
- Antonio Burgueño, médico y asesor del Gobierno regional durante la emergencia sanitaria, vinculado al diseño de estrategias como el Plan de Choque para afrontar la crisis.
Argumentos en contra de la acumulación
Por su parte, la Sección Primera de la Audiencia Provincial había sostenido en abril que no concurrían los requisitos legales para agrupar los procedimientos. Los magistrados consideraron que, aunque algunos investigados aparecían en varias causas, también existían responsables diferentes y víctimas con circunstancias personales y clínicas distintas.
El tribunal subrayó que la simple analogía entre los hechos no constituye causa suficiente para la acumulación y que cada caso debía analizarse de forma individualizada para valorar si existió discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria. Además, alertaron de que la creación de una macrocausa podría añadir complejidad y retrasar aún más los procedimientos, en lugar de agilizar la investigación.
Unificación parcial y retos futuros
El escenario resultante es inédito y plantea incertidumbres, ya que algunos procedimientos serán acumulados y otros no. Abogados y asociaciones de familiares han reclamado una solución que unifique los criterios y aporte seguridad jurídica para las víctimas y los investigados.
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid reabre el debate sobre la mejor manera de abordar judicialmente uno de los episodios más controvertidos de la gestión sanitaria en la pandemia, y deja abierta la puerta a nuevos recursos y posibles cambios de criterio en el futuro.
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