La Audiencia Provincial de Madrid rechaza unificar en una macrocausa la investigación sobre altos cargos de Ayuso en el ‘caso residencias’
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido mantener separadas las distintas investigaciones judiciales relacionadas con la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, descartando la creación de una macrocausa que agrupe todos los procedimientos. Esta resolución pone fin a las expectativas de centralizar en un solo órgano judicial las pesquisas sobre la presunta discriminación sanitaria sufrida por personas mayores en centros residenciales de la Comunidad de Madrid.
Desestimadas las alternativas de unificación
El tribunal contaba con tres posibles vías de actuación para organizar el complejo entramado judicial derivado del conocido como ‘caso residencias’. Finalmente, ha optado por la opción más conservadora: mantener la dispersión de las causas en los diferentes juzgados donde actualmente se tramitan.
Las otras alternativas consistían en agrupar todos los procedimientos en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, o bien, como opción intermedia, concentrar en ese mismo juzgado únicamente las diligencias que afectan a los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, mientras que las relativas a los geriatras de enlace permanecerían en sus órganos de origen.
Altos cargos investigados
En el núcleo de estas investigaciones figuran tres antiguos responsables del Ejecutivo madrileño: Carlos Mur de Víu, exdirector de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos que restringieron derivaciones hospitalarias; Francisco Javier Martínez Peromingo, su sucesor en el cargo y señalado por las familias como principal impulsor de estas directrices; y Pablo Busca, entonces responsable del Summa 112.
Origen y desarrollo de la causa
El proceso judicial se inició el 10 de octubre de 2024, tras la presentación de una denuncia colectiva por parte de 109 familiares de víctimas, una acción promovida por las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia. La denuncia abrió la vía penal por un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, conforme al artículo 511.1 del Código Penal.
Desde ese momento, las causas se han ido fragmentando en distintos juzgados de la Comunidad de Madrid, dificultando la coordinación y el avance conjunto de las investigaciones.
Impacto de la decisión judicial
La resolución de la Audiencia Provincial afecta a más de una veintena de procedimientos ligados al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, cuya titular, María Isabel Durántez, ya había rechazado previamente la acumulación de 24 de estos casos. Los expedientes proceden de juzgados repartidos por varias localidades, incluyendo Alcalá de Henares, Alcorcón, Arganda del Rey, Collado Villalba, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Navalcarnero y Valdemoro.
- Se mantiene la dispersión de causas en diferentes juzgados.
- No se centralizan las investigaciones sobre los ex altos cargos del Gobierno regional.
- La decisión podría ralentizar la resolución de los procedimientos y dificultar la coordinación judicial.
Perspectivas
La decisión de la Audiencia Provincial supone un revés para quienes reclamaban una investigación unificada sobre la gestión de las residencias durante la crisis sanitaria. La dispersión actual podría suponer mayores dificultades para alcanzar conclusiones globales sobre lo sucedido en los centros de mayores durante la pandemia.
Está previsto que en las próximas semanas se amplíe la información a medida que avancen los procedimientos y las partes afectadas valoren la repercusión de esta resolución.
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