Koldo García solicita que Illa, Armengol y Marlaska comparezcan como testigos en el juicio por el caso mascarillas
La defensa de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha presentado un extenso escrito en el que solicita la absolución de su cliente de cara al juicio por presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Entre las peticiones destacadas, la defensa reclama la comparecencia como testigos del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Solicitud de absolución y argumentos de la defensa
En el documento de 132 páginas presentado ante el Tribunal Supremo, la abogada de García, Leticia de la Hoz, sostiene la inocencia de su defendido y argumenta que «los hechos no son constitutivos de delito alguno», por lo que, en su opinión, «sin delito no hay responsabilidad». García se encuentra actualmente en prisión preventiva desde el 27 de noviembre, a la espera de que se fije la fecha del juicio.
La Fiscalía solicita para Koldo García una pena de 19 años y medio de prisión por presuntas comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas gestionados durante la emergencia sanitaria. Las acusaciones populares elevan la petición hasta los 30 años. Junto a García, también están acusados José Luis Ábalos, para quien se piden 24 años de cárcel, y el empresario Víctor de Aldama, quien enfrenta una condena de siete años tras colaborar con el Ministerio Fiscal y confesar los hechos.
Lista de testigos clave solicitados
La defensa de García solicita la comparecencia de 75 testigos, entre los que destacan altos cargos y responsables políticos del periodo investigado. Especial relevancia tiene la petición de que acuda Salvador Illa, presidente de Cataluña y exministro de Sanidad, considerado «indispensable» para demostrar que la adquisición de material sanitario durante la pandemia respondió a criterios de «estricta necesidad» en un contexto de «mercado colapsado», y no a la actuación de una trama ilícita.
Según la defensa, la intervención de Koldo García se limitó a labores de coordinación logística entre ministerios, bajo el mando único establecido por el Gobierno central, sin que existieran injerencias ilícitas. «Si el ministro de Sanidad —quien centralizaba las compras— no recibió presiones ni detectó irregularidades, la tesis de las acusaciones sobre la corrupción del proceso se desmorona por completo», sostiene el escrito.
- Salvador Illa: Presidente de Catalunya y exministro de Sanidad, clave para explicar la gestión centralizada de la compra de material sanitario.
- Francina Armengol: Presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, llamada para aclarar si existió alguna orden o recomendación vinculante que beneficiara a la empresa investigada, Soluciones de Gestiones.
- Fernando Grande-Marlaska: Ministro del Interior, para demostrar que García no tenía capacidad de alterar las adjudicaciones en los contratos públicos.
- Otros ex altos cargos, como Rafael Pérez (ex número dos de Interior) y Pedro Saura (actual presidente del Grupo Correos).
Acusaciones y estrategia de la defensa
La defensa busca desacreditar la versión de la Fiscalía y de las acusaciones populares, alegando que no existen pruebas suficientes y que la imputación se basa en interpretaciones especulativas de los hechos. En el caso de Armengol, la defensa pretende desmontar la idea de que promovió directamente la contratación de la empresa Soluciones de Gestiones para la compra de mascarillas. Respecto a Marlaska, se subraya que el propio Koldo García no ostentaba ningún cargo o poder que le permitiera influir en los procesos de adjudicación.
La abogada argumenta que impedir a la defensa interrogar a miembros del Gobierno sobre los hechos investigados supondría una limitación en el derecho a la defensa, ya que no se podría esclarecer la presunta existencia de una trama de influencias.
Otras peticiones y explicaciones económicas
Además de las testificales, la defensa de García ha solicitado realizar un informe patrimonial sobre Víctor de Aldama, el único de los acusados que no cuenta con este examen, con el objetivo de verificar su capacidad económica tras haber reconocido pagos a García, principalmente en efectivo.
También se reclama a la Fiscalía Anticorrupción que entregue el acuerdo firmado con Aldama y que este empresario declare primero en el proceso, sometiéndose al régimen de contradicción propio de los testigos, dada la falta de claridad sobre su papel como acusación o defensa.
En relación con el dinero en efectivo atribuido a comisiones ilegales, la defensa sostiene que estos fondos correspondían a anticipos y pagos por servicios internos del PSOE, como los relacionados con conductores y escoltas, y que este sistema era de uso común y documentado dentro de la formación política, desvinculándose así de los contratos investigados.
Negación rotunda de los hechos imputados
El escrito presentado por la defensa rechaza de forma tajante y detallada tanto el relato de la Fiscalía como el de las acusaciones populares y el del empresario Aldama, calificando dichas versiones como «especulativas» y carentes de pruebas. Según el documento, los hechos atribuidos a García no tienen «sustento indiciario o probatorio», lo que, a juicio de la defensa, vulnera el principio de presunción de inocencia.
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