El Congreso enfrenta la votación decisiva sobre el decreto de vivienda bajo presión de Junts y del sector empresarial
El futuro del Real Decreto-ley que busca proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de viviendas asequibles se encuentra en manos del grupo parlamentario Junts. La abstención de sus siete diputados permitiría la convalidación del texto, mientras que un voto en contra supondría su rechazo. Esta votación llega en un clima de máxima expectación y presión tanto por parte del sector empresarial como de los principales grupos de presión inmobiliaria.
Claves de los decretos en debate
El Gobierno liderado por Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros un paquete de medidas urgentes que incluye, entre otras disposiciones:
- Prohibición de desahucios hasta el año 2030.
- Prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028.
- Limitaciones a la compra especulativa de viviendas.
Junto a este texto, se somete también a votación un segundo decreto centrado en reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, proponiendo la conversión de los contratos de alquiler en indefinidos. Sin embargo, este segundo paquete no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante, tras la confirmación de voto negativo por parte de varios grupos clave.
Posiciones de los principales partidos
La atención parlamentaria se ha concentrado especialmente en Junts y Podemos, además de en el PNV y Coalición Canaria. Podemos, tras consultar con el Sindicato de Inquilinas y en respuesta a la movilización social, ha confirmado su apoyo crítico a ambos decretos, sumándose así al resto de fuerzas de izquierda como ERC, EH Bildu, Compromís y BNG, que consideran que aunque las medidas son insuficientes, resultan necesarias para la ciudadanía.
El PNV, por su parte, ha anunciado que votará a favor del decreto principal, pero se opondrá al segundo por considerar que perjudica a los pequeños propietarios y podría reducir la oferta de viviendas en alquiler. Coalición Canaria seguirá la misma línea, apoyando el primer decreto y rechazando el segundo, aunque advierte que el texto requiere mejoras sustanciales.
La decisión de Junts sigue siendo una incógnita. La formación catalana, que ha mostrado críticas hacia lo que consideran improvisación del Ejecutivo y posibles efectos negativos para los propietarios modestos, ha convocado a su Ejecutiva para tomar una decisión final justo antes de la votación.
Presión de la calle y del sector económico
El pulso social continúa en aumento, con movilizaciones lideradas por el Sindicato de Inquilinas, que ha organizado protestas y manifestaciones para exigir la aprobación de los decretos. Este viernes, coincidiendo con la sesión parlamentaria, se espera una marcha desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados.
Simultáneamente, la presión por parte de las grandes organizaciones empresariales y del sector inmobiliario ha ido en aumento. La CEOE, presidida por Antonio Garamendi, y la patronal catalana Foment del Treball, han criticado duramente los decretos, argumentando que suponen una amenaza para la propiedad privada y podrían tener efectos contraproducentes en el mercado inmobiliario. Desde el portal Idealista también han manifestado su rechazo, cuestionando la eficacia de estas medidas y señalando que profundizan en políticas que consideran fallidas.
El debate político y la votación final
El Partido Popular y otras formaciones de la derecha han confirmado su rechazo a los decretos, argumentando que no aumentarán la oferta de vivienda y podrían restringirla aún más. Además, han vinculado la problemática de la vivienda con la regularización de migrantes, reforzando su postura negativa.
El Gobierno, por su parte, mantiene la esperanza de convalidar al menos el principal paquete de medidas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, serán los encargados de defender ambas iniciativas ante el Pleno Extraordinario del Congreso.
Fuentes del Ejecutivo reconocen la dificultad del debate y la existencia de una intensa campaña de presión por parte de los lobbies empresariales para influir en el voto de formaciones como el PNV y Junts. A pesar de las tensiones internas entre PSOE y Sumar, especialmente por la separación de las medidas en dos decretos, el Gobierno insiste en que, aunque una de las propuestas no prospere, no se renuncia a seguir trabajando en esta línea.
Llamamiento a la responsabilidad parlamentaria
En su intervención pública más reciente, el presidente del Gobierno ha instado a los grupos parlamentarios a respaldar ambos decretos, apelando a la responsabilidad institucional y a la importancia de situar el interés social por encima de las diferencias ideológicas o partidistas.
La sesión parlamentaria de este viernes se presenta así como un momento decisivo para la política de vivienda en España, con un resultado aún incierto y marcado tanto por la presión social como por los intereses del sector empresarial y las disputas en el seno del propio Ejecutivo.
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