El juicio al fiscal general distancia el supuesto complot de Moncloa contra Ayuso
La segunda jornada del juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de presunta revelación de secretos, está dejando al descubierto tensiones internas y desacuerdos en el seno de la Fiscalía. El proceso judicial, que ha captado la atención pública, se centra en la gestión de información sobre el caso de fraude fiscal que implica a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
División interna en la Fiscalía: una grieta expuesta
Uno de los puntos más destacados de las primeras sesiones del juicio es la profunda división entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Según lo expuesto en sala, la Fiscalía madrileña se mostró reacia a informar a la prensa acerca del escándalo fiscal que vinculaba a González Amador. Esta resistencia fue calificada por la defensa de García Ortiz como un “cerrojazo informativo”, subrayando así la falta de transparencia interna.
La confrontación entre Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, y Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial, quedó en evidencia a raíz de una controvertida nota de prensa. Este documento derivó en la denuncia que hoy sienta a García Ortiz en el banquillo, aunque su presencia corresponde a su condición de fiscal general.
El papel de los dispositivos electrónicos y la gestión de la información
Durante la segunda sesión, la jefa de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General, Esmeralda Rasillo, explicó que el fiscal general ha cambiado de teléfono móvil en tres ocasiones, lo que se traduce en una media de un terminal al año. Rasillo detalló que el borrado de los dispositivos, una vez devueltos a la Fiscalía, suele ser responsabilidad de los propios fiscales, siguiendo los protocolos de seguridad habituales.
Este procedimiento de borrado ha sido uno de los elementos que ha motivado la investigación judicial sobre García Ortiz, aunque el propio fiscal general sostiene que su actuación responde a motivos de seguridad y no a la ocultación intencionada de información. Además, se aclaró en sala que no tuvo acceso a ciertos correos electrónicos clave en el caso.
La controversia de la nota de prensa y la gestión mediática
Otro de los ejes del juicio es la elaboración y difusión de una nota de prensa diseñada para desmentir informaciones publicadas por algunos medios sobre un supuesto pacto entre la Fiscalía y González Amador para evitar su ingreso en prisión. Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General, relató cómo se gestó el comunicado con el objetivo de contrarrestar un bulo impulsado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, y divulgado inicialmente por el diario El Mundo.
Según Hedo, la decisión de mencionar en la nota los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador respondía a la necesidad de transparencia, dado el peso mediático de la información falsa que circulaba.
Por el contrario, Íñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, manifestó su rechazo a la publicación del comunicado. Al igual que su superiora, Almudena Lastra, expresó su desacuerdo con el contenido y la oportunidad de la nota, considerando que suponía hacer el “ridículo” al reiterar datos ya divulgados en medios de comunicación.
Expectación ante las próximas declaraciones
El juicio continuará con especial atención a las declaraciones de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña. Estas comparecencias podrían arrojar nueva luz sobre las acusaciones de supuesta manipulación informativa y el alcance real de la polémica.
Por el momento, las sesiones han dejado claro que las tensiones y la gestión de la información en la Fiscalía están en el centro del debate, alejando la hipótesis de un complot orquestado desde Moncloa para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso.
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