Jueza federal bloquea de forma permanente la orden de Trump que exige prueba de ciudadanía para votar
Una jueza federal en Estados Unidos ha prohibido de manera permanente la aplicación de un mandato del Gobierno del presidente Donald Trump que requería que los votantes presentaran un pasaporte u otro documento que acreditara la ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en elecciones federales.
Decisión judicial y argumentos constitucionales
La decisión fue emitida por Denise Casper, jueza del Tribunal del Distrito de Boston, quien ya el año pasado había suspendido temporalmente la medida tras considerar los argumentos presentados por varios estados gobernados por demócratas. Estos estados sostuvieron que la orden de Trump era inconstitucional y violaba la separación de poderes, dado que la legislación estadounidense otorga a los estados la autoridad principal para regular las elecciones.
En su dictamen, la jueza Casper subrayó que la Constitución de Estados Unidos “no otorga al presidente poderes específicos sobre las elecciones”, invalidando así la directriz que Trump había dado a la Comisión de Asistencia Electoral para exigir la presentación de pruebas documentales de ciudadanía en el formulario federal de registro de votantes.
Impacto sobre los votantes y medidas adicionales
Diversos colectivos y los estados demandantes argumentaron que la orden presidencial podría privar del derecho al voto a “millones” de ciudadanos estadounidenses, especialmente a personas de bajos recursos y miembros de minorías, quienes suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a documentación oficial como el pasaporte.
Además de exigir pruebas documentales de ciudadanía, la orden de Trump pretendía prohibir el recuento de votos por correo que llegaran después del día de las elecciones, una restricción que habría impactado especialmente en estados como California, donde una parte significativa del electorado utiliza el voto postal.
La normativa también contemplaba la posibilidad de sancionar y retener fondos federales a los estados que no cumplieran con las nuevas exigencias. Estas medidas se enmarcan en la narrativa promovida por Trump sobre un supuesto fraude electoral, pese a la ausencia de pruebas que respalden tales afirmaciones.
Reacciones y contexto legislativo
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, representante de uno de los 19 estados que interpusieron la demanda, celebró la decisión judicial, destacando la importancia de proteger el derecho al voto y el legado de quienes lucharon históricamente por su defensa.
“Generaciones de estadounidenses lucharon incansablemente por el derecho al voto, y honramos su legado protegiendo ese derecho frente a cualquiera que intente socavarlo”, declaró James tras conocerse la resolución.
Esta no es la única batalla judicial relacionada con la política electoral impulsada por el actual presidente. Donald Trump continúa defendiendo la aprobación de la ley SAVE America (“Salvar a Estados Unidos”), que busca endurecer los requisitos para registrarse y votar en comicios federales.
Situación de la ley SAVE America en el Congreso
El proyecto de ley SAVE America ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, pero permanece bloqueado en el Senado. En medio de este estancamiento, el presidente Trump condicionó la firma de una nueva ley de vivienda, prevista para esta semana, a la aprobación de la controvertida reforma electoral.
- La ley SAVE America propone mayores exigencias de documentación para el registro de votantes.
- La normativa contempla restricciones al voto por correo y sanciones a estados no cumplidores.
- La aprobación definitiva depende del Senado, donde el debate sigue abierto.
El mandatario anunció la suspensión de la conferencia de prensa y el acto de firma relacionados con la nueva ley de vivienda, enfatizando la urgencia que, según él, representa aprobar la ley SAVE America para la seguridad nacional.
Con esta decisión judicial, se refuerza el papel de los estados en la regulación de los procesos electorales y se mantiene el acceso al voto para sectores tradicionalmente vulnerables, en un contexto de fuerte polarización política en torno a la integridad y accesibilidad del sistema electoral estadounidense.
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