Interrogatorio clave al fiscal general marca el desenlace del juicio

Las claves del interrogatorio al fiscal general en la recta final del juicio

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta su fase definitiva. Este miércoles está previsto el interrogatorio al máximo responsable del Ministerio Público, en una sesión que se anticipa crucial tanto para la defensa como para la acusación. García Ortiz tendrá la oportunidad de explicar de primera mano los perjuicios personales y profesionales que le ha supuesto este proceso judicial, enmarcado en un contexto de máxima tensión institucional.

Un juicio sin precedentes y un interrogatorio esperado

La comparecencia de García Ortiz ante el tribunal se produce tras semanas de testimonios y pruebas en un juicio considerado histórico. Por la mañana, antes del interrogatorio al fiscal general, declararán los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes realizaron el registro de su despacho y la clonación de sus dispositivos móviles, elementos clave en la investigación.

El origen del caso: correos, filtraciones y la defensa de la Fiscalía

La estrategia tanto de la defensa como de la propia Fiscalía ha sido demostrar que el interés de García Ortiz en los intercambios de correos entre Carlos Neira —abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso— y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, respondía al objetivo de esclarecer los hechos y contrarrestar noticias falsas. Estas informaciones, impulsadas desde el gabinete de Ayuso, buscaban dañar la imagen de la Fiscalía y, por extensión, del Gobierno central, sugiriendo la existencia de un supuesto pacto de conformidad que habría sido frustrado por “órdenes superiores”.

Según la declaración de Mar Hedo, jefa de comunicación de la Fiscalía General del Estado, la institución trataba de limpiar su imagen ante la percepción pública de que se estaba actuando contra una rival política, tesis que la propia presidenta madrileña intentaba consolidar en los medios.

Los hechos: solicitud de acuerdo y reacción institucional

La investigación ha puesto de manifiesto que fue Alberto González Amador, pareja de Ayuso, quien solicitó a la Fiscalía un acuerdo de conformidad a través de su abogado, en el marco de un procedimiento abierto por la Agencia Tributaria sobre presuntos delitos fiscales. Sin embargo, la presidenta regional intentó revertir la narrativa mediática, destacando el proceso abierto contra la persona con la que convive.

El informe de la UCO, cuyos responsables declararán este miércoles, señala que García Ortiz consultó sobre la noticia publicada por El Mundo —que reproducía el bulo difundido por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez— tanto con su círculo cercano como con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Fue precisamente esta última quien remitió a García Ortiz el correo clave a su cuenta de Gmail la noche del 13 de marzo, después de que un periodista de La Ser hubiera tenido acceso al mismo y difundido su contenido.

Pruebas, acusaciones y dudas pendientes

Hasta el momento, ninguno de los cerca de treinta testigos que han comparecido en el juicio ha aportado pruebas concluyentes que demuestren que García Ortiz es responsable del delito de revelación de secretos, el principal cargo por el que se enfrenta a una posible condena de entre cuatro y seis años de prisión.

Uno de los aspectos sobre los que será interrogado es su decisión de solicitar que el correo electrónico fuera enviado a su cuenta personal de Gmail en lugar de a la oficial, cuenta que posteriormente eliminó.

La polémica nota de prensa y el debate sobre la confidencialidad

Otro de los puntos de fricción en el juicio ha sido la publicación de una nota de prensa por parte de la Fiscalía General, con la que se pretendía desmentir las informaciones falsas. Este comunicado motivó la denuncia del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), cuyo decano, José María Alonso Ribón, declaró que se vulneró la confidencialidad entre abogado y fiscal, presumiendo que la filtración provenía de la propia Fiscalía. Aunque la nota de prensa no forma parte del objeto de enjuiciamiento, su impacto ha centrado buena parte de las discusiones en la sala.

Protección de datos y eliminación de mensajes

También se espera que el fiscal general responda acerca del borrado de todos los mensajes de su teléfono móvil. El fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Morillo, declaró que García Ortiz tenía las competencias para eliminar información de su dispositivo, especialmente por tratarse de datos sensibles y reservados.

Resistencia interna y debate sobre la transparencia

La nota de prensa fue objeto de controversia interna. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, manifestó en el juicio su oposición a la difusión del comunicado, argumentando que no era necesario detallar tanta información y que bastaba con desmentir la falsedad de las noticias.

El comunicado, publicado el 14 de marzo de 2024, hacía referencia a los correos entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal Salto. Lastra subrayó que, en numerosas ocasiones, los abogados contactan con la Fiscalía sin consultar previamente con sus clientes, en línea con la versión de González Amador, que será juzgado próximamente por fraude fiscal.

Perspectivas tras el interrogatorio

A la espera del interrogatorio de este miércoles, el juicio contra Álvaro García Ortiz se ha convertido en un símbolo del pulso institucional y mediático en España, poniendo en cuestión los límites de la transparencia, la protección de datos y la relación entre la Fiscalía y el poder político. La resolución del tribunal podría sentar un precedente relevante para futuros casos de filtraciones y confidencialidad en la Administración de Justicia.