El juez imputa un fraude fiscal de 88 millones al empresario vinculado a Alvise Pérez
La Audiencia Nacional ha identificado un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros cometido por el empresario Álvaro Romillo, conocido por su vinculación con el líder de Se Acabó La Fiesta, Luis ‘Alvise’ Pérez, a quien entregó 100.000 euros. Romillo, que ya se encuentra procesado por una presunta estafa de más de 185 millones de euros a través de una plataforma de criptomonedas, ahora enfrenta nuevas acusaciones relacionadas con sus declaraciones fiscales de 2023 y 2024.
Nuevas acusaciones fiscales
Según el auto del juez José Luis Calama, existen «indicios racionales y suficientes» que apuntan a que Romillo habría defraudado tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio, al omitir intencionadamente ingresos reales que reflejaban su verdadera capacidad económica.
- En 2023, la presunta cuota defraudada de IRPF asciende a 30,72 millones de euros y a 49,11 millones en 2024.
- Respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, se estima un fraude de 2,24 millones en 2023 y 6,07 millones en 2024.
El magistrado subraya que la conducta investigada responde a «la voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias», descartando que se trate de un simple error contable o negligencia.
Medidas cautelares y prisión provisional
El juez Calama ha decidido mantener todas las medidas cautelares adoptadas contra Romillo y otros nueve procesados, al no encontrar motivos para modificarlas. Romillo, conocido en el entorno digital como ‘CryptoSpain’, permanece en prisión provisional desde noviembre de 2025. El juez argumenta que el empresario dispone de grandes recursos económicos que podrían facilitar su fuga y dificultar la acción de la justicia.
Una organización internacional y sofisticada
La investigación revela que el entramado criminal manejado por Romillo cuenta, al menos, con 52 sociedades instrumentales y 106 cuentas bancarias, además de una amplia variedad de bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones distribuidos en al menos 15 jurisdicciones internacionales, entre ellas Portugal, Bélgica, Lituania, Malta, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y Tailandia.
Estafa mediante criptomonedas
El modelo de la supuesta organización criminal consistía en captar fondos de terceros para inversiones que se publicitaban a través del portal Madeirainvest.com, presentado como una plataforma de inversión segura y de alta rentabilidad. Más de 3.000 inversores, atraídos por la promesa de rendimientos mínimos del 20%, realizaron aportaciones económicas que, según la investigación, eran desviadas a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.
En una resolución anterior, el juez consideró a Romillo como el presunto líder de la trama, acordando el procesamiento de diez personas y estableciendo una fianza solidaria superior a los 247 millones de euros. Los delitos que se les imputan incluyen la presunta estafa de más de 185 millones de euros entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
Panorama judicial
El caso continúa bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional, que sigue investigando la magnitud del fraude fiscal y la red internacional creada para canalizar los fondos obtenidos a través de la estafa. La permanencia de Romillo en prisión provisional y la magnitud de las cifras implicadas subrayan la gravedad de los hechos investigados y la complejidad del entramado financiero.
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