Manual para ejercer el derecho a la protesta bajo la ‘ley mordaza’: «Ocupar una plaza es una acción pacífica»
El ejercicio del derecho fundamental de reunión pacífica vuelve a estar en entredicho en España, especialmente ante intervenciones policiales que buscan desincentivar las protestas sociales. En el contexto actual, marcado por una intensa movilización por el derecho a la vivienda, la vigencia de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, añade nuevos desafíos para quienes desean manifestarse en el espacio público.
- Manual para ejercer el derecho a la protesta bajo la ‘ley mordaza’: «Ocupar una plaza es una acción pacífica»
- Protestas por la vivienda: represión y criminalización
- La ley mordaza y las sanciones a la protesta
- Derecho de reunión: protección constitucional y límites
- ¿Cuándo puede intervenir la autoridad?
- Consecuencias legales y garantías para los manifestantes
- Identificaciones policiales y el riesgo de sanción
- Obligaciones de las autoridades en la protección del derecho de protesta
- Recomendaciones para ejercer el derecho a la protesta
Protestas por la vivienda: represión y criminalización
El reciente auge de protestas y acampadas en plazas públicas de ciudades como Madrid, Santander o Málaga, responde a una creciente preocupación social por el acceso a la vivienda. La caída de los decretos de vivienda y casos de desahucios han movilizado a colectivos en todo el país. Sin embargo, estas manifestaciones se enfrentan a obstáculos como identificaciones policiales, intentos de disolución y campañas de criminalización, especialmente por parte de ciertos sectores políticos.
Según el informe más reciente de la plataforma Defender a quien defiende (2025), la movilización por la vivienda y la okupación se sitúa como el segundo ámbito con mayor número de intervenciones represivas, solo por detrás de la solidaridad con Palestina. De los casos registrados, un 17,6% corresponde a este ámbito, destacando intervenciones policiales durante desahucios, vigilancia con drones, detenciones y sanciones administrativas posteriores a las protestas.
- Solidaridad con Palestina: 90 casos
- Vivienda y okupación: 67 casos
- Antifascismo: 61 casos
Estos tres ejes concentran cerca del 60% de los casos de represión documentados durante 2025.
La ley mordaza y las sanciones a la protesta
Desde la aprobación de la ley de seguridad ciudadana, muchas de las sanciones impuestas afectan directamente al derecho de reunión. Destacan las multas por resistencia o desobediencia a la autoridad (artículo 36.6) y por faltas de respeto a las fuerzas de seguridad (artículo 37.4). Organizaciones como Amnistía Internacional señalan que estos preceptos dificultan gravemente el ejercicio de la protesta pacífica.
Carlos Escaño, portavoz de Amnistía Internacional en España, subraya la importancia del carácter pacífico de las acampadas y manifestaciones: «Ocupar una plaza es una acción pacífica. El espacio público no solo es para transitarlo, también sirve para ejercer el derecho a la protesta».
Derecho de reunión: protección constitucional y límites
El artículo 21 de la Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, sin necesidad de autorización previa. Únicamente se exige la comunicación previa a la autoridad en caso de manifestaciones en lugares públicos, y solo pueden prohibirse por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
Sin embargo, expertos jurídicos advierten que muchas veces se confunde la obligación de comunicar la protesta con una petición de permiso, lo cual no es correcto. «Nunca se pide permiso para ejercer un derecho», recalca Escaño.
¿Cuándo puede intervenir la autoridad?
La ley reguladora del derecho de reunión establece que solo en ciertos supuestos la autoridad puede suspender o disolver reuniones:
- Si se consideran ilícitas según las leyes penales.
- Si hay alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.
- Si los asistentes usan uniformes paramilitares.
- Si son organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, en contra de las limitaciones legales.
El hecho de que una protesta no sea comunicada no la convierte automáticamente en ilegal. No obstante, la falta de comunicación puede ser utilizada por las fuerzas de seguridad como excusa para intentar disolverla.
Consecuencias legales y garantías para los manifestantes
Daniel Amelang, abogado de Red Jurídica, señala que las concentraciones espontáneas como las acampadas pueden conllevar sanciones para los organizadores por no cumplir con el preaviso, pero esto no justifica el desalojo mientras no haya alteración de la seguridad o convivencia. «Molestar no justifica el desalojo; solo se puede actuar si hay peligro real para personas o bienes», explica.
Desde la Comisión Legal Sol recuerdan que tanto la jurisprudencia constitucional española como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalan que las expresiones pacíficas en el espacio público no deben ser objeto de limitaciones indebidas. Sin embargo, recuerdan que la interpretación de los jueces puede variar, como se ha visto en intentos recientes de desalojo judicial de acampadas en Madrid.
Identificaciones policiales y el riesgo de sanción
Las identificaciones y sanciones a participantes en protestas espontáneas siguen siendo un tema delicado. Amelang advierte que los ciudadanos pueden recibir denuncias o sanciones administrativas por desobediencia si no cumplen las órdenes de la policía, aunque estas sean discutibles. En caso de recibir una sanción, esta puede ser recurrida ante los tribunales, aunque el proceso puede extenderse durante meses o años.
Javi Raboso, de la Comisión Legal Sol, sostiene que las identificaciones indiscriminadas no tienen justificación desde la perspectiva de la seguridad ciudadana y, en realidad, buscan desincentivar la participación y generar temor entre los ciudadanos.
Obligaciones de las autoridades en la protección del derecho de protesta
Amnistía Internacional insiste en que las autoridades tienen el deber de facilitar, respetar y proteger el derecho a la protesta pacífica. La falta de intervención ante amenazas de grupos radicales o la investigación insuficiente de posibles discriminaciones pueden constituir una violación de este derecho fundamental.
Recomendaciones para ejercer el derecho a la protesta
- Informarse sobre los derechos y límites legales antes de participar en una manifestación.
- Mantener el carácter pacífico de la protesta en todo momento.
- En caso de recibir una sanción, recurrirla por vía administrativa o judicial.
- Documentar cualquier actuación policial considerada arbitraria.
- Buscar asesoramiento legal especializado en caso de dudas o problemas durante la protesta.
En conclusión, ocupar una plaza o manifestarse pacíficamente sigue siendo un derecho protegido por la Constitución Española. Sin embargo, la aplicación restrictiva de la ley mordaza y las actuaciones policiales siguen suponiendo un reto para la plena garantía de este derecho. La sociedad civil y los colectivos de defensa de derechos humanos continúan luchando para que el ejercicio de la protesta no sea criminalizado y se respete como un pilar fundamental de la democracia.
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