González Amador denuncia daño irreparable a su imagen tras filtraciones en el caso contra el fiscal general
Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este martes como testigo en la segunda sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante su intervención, González Amador ha expuesto el profundo impacto personal y profesional sufrido tras la publicación de una nota de prensa que revelaba negociaciones reservadas entre su abogado y la Fiscalía.
Acusaciones públicas y ruptura del derecho a la defensa
Según el testimonio de González Amador, la difusión de la información interna le situó en el centro del debate mediático y político, llegando a ser calificado como “el delincuente confeso del Reino de España”. El empresario afirmó sentirse “muerto públicamente” por la actuación del fiscal general, asegurando que su derecho a la defensa se vio gravemente vulnerado tras la filtración de correos electrónicos y la nota de la Fiscalía.
González Amador relató que, tras recibir una inspección, su intención era resolver el asunto “de manera rápida y discreta”, dado que carecía de antecedentes penales y esperaba una pena mínima. Sin embargo, la exposición pública del caso transformó su situación personal y profesional: “Me convertí en el delincuente confeso, el novio de Ayuso”, destacó ante el tribunal.
Consecuencias personales y profesionales
El empresario subrayó que su caso pasó a identificarse mediáticamente como “el caso Ayuso”, a pesar de que, según sus palabras, su pareja “no tenía nada que ver” con su empresa y, en los momentos iniciales de la causa, ni siquiera mantenían una relación. “No quería que perjudicara a mi pareja”, insistió.
González Amador describió el alcance mediático de su situación, señalando que la cobertura informativa superaba incluso a la de acontecimientos internacionales de gran relevancia. “Soy un delincuente, voy a ser condenado, no tengo ninguna fe”, lamentó en referencia a la percepción pública de su caso.
El empresario detalló los perjuicios sufridos a raíz de la exposición pública, incluyendo:
- Pérdida de contratos con proveedores y clientes.
- Corte de financiación bancaria.
- Afectación a empleados, como el caso de una especialista médica a la que se le impidió comprar una vivienda por trabajar para él.
- Daños familiares y la supuesta violación de su historia clínica, hechos que asegura denunciará.
Investigación y presuntas irregularidades fiscales
González Amador explicó que interpuso una querella que propició una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), la cual, según él, demostró la existencia de conversaciones internas en la Fiscalía sobre el denominado “caso Ayuso”. El empresario sostiene que esto evidenciaría un interés especial de todo el cuerpo fiscal en su situación.
Reacción política y repercusión social
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, también compareció como testigo y denunció que, tras la filtración, diversos representantes políticos, incluyendo ministros y el presidente del Gobierno, se refirieron públicamente a González Amador como “delincuente confeso” y “defraudador confeso”. Rodríguez subrayó que González Amador “nunca admitió tales hechos” y que el proceso de negociación con Hacienda “se dinamita” a raíz de las filtraciones.
Defensa del fiscal general y debate en redes sociales
Durante la sesión, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, interrogó a Rodríguez acerca de mensajes publicados en redes sociales, en los que este manifestaba su disposición a declarar en el juicio. Rodríguez sostuvo que sus declaraciones fueron “un vaticinio no desacertado”, dada la posterior evolución del caso.
El juicio contra el fiscal general del Estado continúa en medio de una elevada expectación mediática y política, con especial atención a las implicaciones sobre la protección de la intimidad, el derecho a la defensa y la independencia de las instituciones judiciales.
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