Gobierno y Iglesia acuerdan protocolo de indemnización para víctimas de abusos sexuales
El Gobierno de España, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han formalizado este lunes un protocolo histórico para la reparación económica y simbólica de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito.
Un acuerdo para la reparación integral de las víctimas
Según el protocolo, la Iglesia será responsable de asumir las reparaciones a las víctimas, mientras que el Defensor del Pueblo tendrá la función de revisar cada caso individual y determinar la cuantía de las indemnizaciones correspondientes.
El mecanismo establece que la persona afectada debe iniciar el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia. Posteriormente, el caso se traslada a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, de medidas de reparación. Dichas medidas podrán ser simbólicas, restaurativas, espirituales y/o económicas, en función de lo que solicite la propia víctima.
Procedimiento y garantías
- La víctima presenta su caso ante el Ministerio de Justicia.
- El expediente es transferido a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.
- El Defensor del Pueblo formula una propuesta de resolución y reparación.
- La jerarquía eclesiástica tiene la posibilidad de recurrir la resolución.
- La decisión final corresponde, en todo caso, al Defensor del Pueblo.
Este acuerdo se enmarca en el desarrollo del pacto alcanzado el 8 de enero, y supone un avance significativo en el reconocimiento y reparación de las personas afectadas por abusos sexuales en el entorno eclesiástico, especialmente en aquellos casos en los que la vía judicial está cerrada por prescripción.
Participación institucional
La firma del protocolo ha contado con la presencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
Con este nuevo marco, España avanza en la protección de los derechos de las víctimas y en la exigencia de responsabilidades, sentando así un precedente para la gestión y reparación de los abusos en instituciones eclesiásticas.
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