Perú ante el inminente regreso del fujimorismo: un Estado más represivo y sin contrapesos
A las puertas de un nuevo ciclo político, Perú atraviesa una etapa de debilitamiento institucional sin precedentes. La pérdida de independencia del Poder Judicial y la concentración del poder en torno al fujimorismo y sus aliados plantean preocupaciones sobre el avance de un modelo de Estado cada vez más autoritario.
Un sistema judicial bajo asedio
Desde el Congreso, el fujimorismo ha impulsado durante los últimos tres años una serie de reformas y acciones que han llevado a la pérdida progresiva de la autonomía judicial. El Ministerio Público perdió su independencia en septiembre de 2025, y los principales fiscales anticorrupción, encargados de investigar a la candidata presidencial Keiko Fujimori y su entorno, han sido destituidos o enfrentan acoso judicial y mediático.
La Junta Nacional de Justicia, cuyos integrantes fueron seleccionados por el actual régimen, ha cesado de manera irregular a jueces que se han negado a seguir directrices políticas. Entre marzo y junio, un juez fue cesado ilegalmente y dos más suspendidos durante seis meses, mientras otros tres enfrentan procesos disciplinarios por no favorecer a exministros implicados en casos de graves violaciones a los derechos humanos o por negarse a aplicar leyes de amnistía en favor de militares.
Uno de los casos más emblemáticos es el del presidente de la Sala Penal Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, quien enfrenta un proceso disciplinario por no aplicar la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad en el caso de las esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori. Esta ley, promulgada en 2025, busca limitar la imprescriptibilidad de estos delitos solo a partir de 2002, pese a que la mayoría se cometió entre 1980 y 2000.
Blindaje e impunidad legislativa
El fortalecimiento del pacto de impunidad es liderado por Fuerza Popular desde diciembre de 2022, tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo. Esta estrategia protege a políticos fujimoristas y sus aliados de investigaciones y juicios por corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.
El Congreso, controlado por el fujimorismo y Renovación Popular, ha promovido leyes que otorgan impunidad a las fuerzas del orden. Entre ellas, destacan las normas que eximen a militares y policías de ser procesados en la justicia penal ordinaria por delitos contra civiles, trasladando estos casos al fuero militar-policial, donde habitualmente quedan impunes.
- Ley que permite a la Policía usar fuerza letal bajo presunción de “peligrosidad evidente”.
- Legislación que protege a militares y policías de ser juzgados por tribunales ordinarios.
- Amnistía para militares involucrados en masacres y violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000.
Preocupación internacional y reacciones locales
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk, ha manifestado su preocupación por la aprobación de leyes que blindan a las fuerzas del orden. Türk exhortó a las autoridades peruanas a garantizar que las presuntas violaciones de derechos humanos sean juzgadas por tribunales ordinarios, independientes e imparciales, conforme al derecho internacional.
Las denuncias sobre crímenes recientes cometidos por fuerzas del orden refuerzan la gravedad de la situación. En abril, soldados del Ejército perpetraron una masacre que costó la vida a cinco jóvenes en una carretera rural. Además, un adolescente de 17 años murió tras ser torturado en una comisaría en Manchay, Lima, sin que la Policía notificara a la Fiscalía, beneficiándose de las nuevas normas que limitan la supervisión de detenciones.
Manipulación institucional y justicia a la medida
La manipulación de las instituciones alcanza también al Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron elegidos sin transparencia por el Parlamento en 2022. Este órgano archivó recientemente la causa contra Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal, decisión que ha sido ampliamente cuestionada por observadores y miembros de la sociedad civil.
Fiscales como José Domingo Pérez y Germán Juárez, encargados de casos emblemáticos de corrupción, han sido removidos de sus cargos bajo argumentos poco claros, muchas veces sustentados en campañas mediáticas afines al oficialismo.
Leyes cuestionadas y el riesgo de una “dictadura perfecta”
Diversos congresistas y representantes de la sociedad civil denuncian que la acumulación de normas “pro-crimen” ha debilitado los controles democráticos y facilitado la impunidad. Entre las leyes más polémicas se encuentran:
- Legalización de la deforestación en la Amazonía.
- Reducción del tiempo para aprobar la colaboración eficaz en casos de corrupción.
- Obligatoriedad de la presencia de un abogado del investigado en diligencias de allanamiento.
El congresista Jaime Quito, de Juntos por el Perú, alerta que estas medidas buscan consolidar un régimen autoritario, donde la impunidad sería utilizada como herramienta para controlar la protesta social y beneficiar a grandes intereses económicos, en detrimento de las comunidades y el medio ambiente.
Controversias electorales y futuro inmediato
El proceso electoral no ha estado exento de polémicas. El candidato izquierdista Roberto Sánchez ha presentado una petición de nulidad de la votación de los peruanos en el extranjero, tras cambios en la normativa que afectaron la trazabilidad de los votos. Se cuestiona la integridad de aproximadamente 300.000 sufragios, especialmente porque las cajas con las actas no fueron lacradas según los estándares diplomáticos y llegaron con demoras a Lima.
Para el analista político Carlos Ernesto Ráez, la posible victoria de Keiko Fujimori podría consolidar un poder total, con el Ejecutivo sumándose a un entramado de instituciones ya copadas por el fujimorismo. En palabras del experto, esto equivaldría a comenzar el “segundo tiempo” político con una considerable ventaja.
Desafíos para el nuevo Congreso
Ante este panorama, varios candidatos de centro e izquierda han señalado como prioridad la derogación de las leyes que han promovido el aumento de la criminalidad y la impunidad. Sin embargo, la tarea no será sencilla, dado el control legislativo de Fuerza Popular y Renovación Popular, que insisten en presentar estas reformas como mejoras necesarias para la seguridad y la justicia.
El futuro político de Perú se encuentra en una encrucijada. La concentración del poder, sumada a la erosión de los contrapesos institucionales y la falta de transparencia en los procesos judiciales y electorales, amenaza con consolidar un modelo de Estado más represivo y menos democrático.
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