La Fiscalía mantiene su petición de prisión en el ‘caso mascarillas’, mientras el PP solicita una rebaja para Aldama
El juicio por el conocido como «caso mascarillas» entra en su fase final tras semanas de intensas declaraciones y presentación de pruebas. La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado este lunes sus solicitudes de condena para los principales acusados, rechazando modificar sustancialmente las penas propuestas, mientras que la acusación particular, representada por el Partido Popular (PP), ha planteado una rebaja significativa para uno de los implicados clave, Víctor de Aldama.
Ratificación de las penas solicitadas
Tras la declaración de 80 testigos y una veintena de peritos, así como la comparecencia de los tres principales acusados, la Fiscalía mantiene sus peticiones iniciales: 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes; 19 años y medio para su exasesor Koldo García; y 7 años para Víctor de Aldama, comisionista al que ya se le había aplicado una atenuante por confesión.
El fiscal jefe Alejandro Luzón ha anunciado solo pequeños ajustes en sus conclusiones definitivas, asegurando que «en lo sustancial, no hay ninguna modificación». Con este pronunciamiento, la Fiscalía descarta reducir la pena solicitada para Aldama, a pesar de las propuestas de las defensas.
Discrepancias entre las partes sobre el papel de Aldama
Durante el proceso, la defensa de Koldo García argumentó que la pena a Aldama debería incrementarse, en línea con las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que identificaron al empresario en la cúspide de la presunta organización criminal. El teniente coronel Antonio Balas declaró que «el que paga, manda», sugiriendo la existencia de un líder real en la trama, papel que atribuyó a Aldama, y a un líder «instrumental», refiriéndose a Ábalos.
En respuesta a publicaciones que insinuaban una posible intervención de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para evitar la reducción de pena a Aldama, fuentes de Anticorrupción han desmentido cualquier tipo de «orden» o «imposición» en la decisión del fiscal jefe. Destacan que la postura adoptada se tomó de manera «unitaria» dentro del Ministerio Fiscal.
El PP solicita una rebaja que evitaría la prisión para Aldama
Por otro lado, la acusación particular, encabezada por el PP, ha propuesto una rebaja adicional de la condena para Aldama, alegando una confesión «muy cualificada» y colaboración activa durante el proceso. La solicitud concreta es una reducción de dos grados en todos los delitos imputados, lo que, a efectos prácticos, eximiría a Aldama de ingresar en prisión, ya que ninguna de las penas por separado supera los dos años de cárcel.
- La suma de las condenas solicitadas por el PP alcanza los 5 años y dos meses de prisión.
- La rebaja propuesta permitiría que Aldama eludiera la pena de prisión efectiva.
Según el abogado del PP, Alberto Durán, Aldama ha facilitado información relevante sobre otras actuaciones delictivas vinculadas a contratos de obra pública, en relación con investigaciones paralelas sobre el denominado «caso Koldo», actualmente en trámite en la Audiencia Nacional.
Declaraciones y estrategia de Aldama
Durante su declaración ante el tribunal, Aldama intentó distanciarse del papel central que le atribuyeron los investigadores, llegando a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como supuesta cabeza de la «banda organizada». No obstante, sus acusaciones no fueron acompañadas de pruebas materiales, sino de referencias a supuestas afirmaciones hechas por Koldo García y José Luis Ábalos.
Aldama también aludió a la existencia de una presunta financiación ilegal por parte del PSOE, asegurando que se pagaron «mordidas» a Ábalos y Koldo García a cambio de contratos públicos. Sin embargo, sus declaraciones carecieron de respaldo documental, limitándose a reproducir comentarios que, según él, había escuchado de los otros acusados.
Próximos pasos en el proceso judicial
Con las posiciones de Fiscalía y acusaciones ya expuestas, el juicio se aproxima a su conclusión, a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. Se prevé que la resolución final tenga un impacto relevante en el debate público sobre la gestión de contratos públicos durante la pandemia y la lucha contra la corrupción en las instituciones.
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