La Fiscalía de Bolivia emite orden de captura contra Evo Morales por protestas contra el presidente Rodrigo Paz
La Fiscalía de Bolivia ha emitido una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, en el marco de una investigación sobre su presunta participación en las protestas sociales que exigieron la renuncia del actual mandatario, Rodrigo Paz. Estas movilizaciones, ocurridas entre mayo y junio, generaron una profunda crisis política y social en el país.
Acusaciones formales y proceso judicial
La orden de captura, firmada por el fiscal Brayan Melgar, imputa a Morales (presidente de Bolivia entre 2006 y 2019) delitos como alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La denuncia fue presentada a inicios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y principal motor económico del país. Posteriormente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, respaldó la querella, ampliando el alcance del proceso judicial.
Otros líderes implicados
La acción legal también afecta a otros dirigentes sociales, como Marco Argollo, máximo representante de la Central Obrera Boliviana (COB), y Vicente Salazar, líder campesino de La Paz, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por investigaciones relacionadas con los mismos acontecimientos.
Bloqueos y consecuencias sociales
Durante siete semanas, campesinos de La Paz y la COB encabezaron bloqueos de carreteras en el occidente y centro de Bolivia. Estas acciones, según las autoridades, contaron con el respaldo de grupos afines a Evo Morales y tenían como principal demanda la renuncia del presidente Paz.
- Desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades
- Al menos 16 personas fallecidas, 13 de ellas por falta de atención médica derivada de los bloqueos
- Pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares
Respuesta de Evo Morales
Evo Morales ha rechazado las acusaciones, asegurando que no promovió la renuncia de Rodrigo Paz. Según el exmandatario, la exigencia de los sectores movilizados era que el Gobierno atendiera sus demandas. Sin embargo, el 24 de mayo, Morales afirmó en la red social X que Paz enfrentaba «dos caminos»: militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.
Tras conocerse la orden de captura, Morales declaró que las autoridades «no le van a intimidar» y acusó al Gobierno de buscar responsabilizarle de las protestas para «ocultar la profunda crisis económica y social que sufre Bolivia». El exmandatario sostuvo que el modelo actual «ha abandonado al pueblo y protege la corrupción».
«No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos», manifestó Morales en un comunicado.
Medidas del Gobierno y situación actual de Morales
Ante el agravamiento del conflicto, el presidente Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para restablecer la circulación y eliminar los bloqueos. La Policía y el Ejército intervinieron para despejar las vías y normalizar el abastecimiento en las principales ciudades.
Evo Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, donde está protegido por centenares de seguidores. Esta situación se da en medio de una orden de captura previa relacionada con una investigación por trata agravada de personas, en la que se le acusa de una presunta relación con una menor de edad y el nacimiento de una hija en 2016. En mayo, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía tras su incomparecencia al inicio del juicio.
La Policía boliviana ha declarado que está a la espera del momento adecuado para ejecutar las órdenes de aprehensión vigentes contra el exmandatario.
Perspectivas y tensión política
La emisión de esta nueva orden de captura contra Evo Morales evidencia la persistente polarización política en Bolivia, mientras sectores sociales y sindicales continúan demandando cambios profundos en el modelo de gestión estatal. El desenlace de este proceso judicial y la capacidad del Gobierno para garantizar la estabilidad serán claves en el futuro inmediato del país andino.
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