El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez solicita la nulidad del clonado de su móvil ante la Audiencia Nacional
Juan Manuel Serrano, quien ejerció como presidente de Correos y fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018, ha solicitado a la Audiencia Nacional que declare nula la incautación y el clonado de su teléfono móvil. Además, pide la devolución del dispositivo, solicitando que no pueda ser objeto de nuevos procesos de clonado en el futuro.
Recurso contra la decisión judicial
La defensa de Serrano presentó un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuestionando el auto del juez Santiago Pedraz dictado el pasado 7 de agosto. En dicho auto, el magistrado rechazó anular la incautación del teléfono de Serrano y ordenó proceder a un nuevo clonado del mismo.
Según el escrito remitido por la defensa, la incautación del dispositivo el 27 de mayo se realizó sin la autorización expresa del juez Pedraz, y además, en ese momento Serrano todavía no estaba formalmente investigado en la causa.
Críticas al procedimiento policial
Serrano también reprocha que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil clonase el terminal semanas después de la incautación, ya cuando él había sido imputado oficialmente. Según la defensa, este proceso se llevó a cabo sin respetar la instrucción del juez que exigía la presencia del propio investigado durante el clonado.
El juez Pedraz reconoció en el auto recurrido que existió un “error involuntario” en el clonado, ya que se realizó en ausencia de Serrano, aunque matizó que la ley no exige la presencia del investigado en estos casos.
No obstante, la representación legal del exjefe de gabinete sostiene que si el instructor consideró necesario imponer esa garantía adicional, su incumplimiento no puede considerarse irrelevante. Por tanto, argumentan que la nulidad del procedimiento no puede ser subsanada posteriormente, como ha pretendido el juez.
Derechos procesales y garantías cuestionadas
La defensa de Serrano insiste en que se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías. Consideran que el desprecinto y el clonado del dispositivo, realizados de manera unilateral por la policía, sin la presencia de la defensa ni de la letrada de la administración de justicia (LAJ), ponen en duda la autenticidad de la evidencia. Además, subrayan que el terminal estuvo bajo custodia durante un largo periodo con las claves de acceso expuestas.
El juez Pedraz, por su parte, aseguró que tras el volcado del 14 de julio, la información no ha sido alterada y permanece depositada en bruto en el juzgado.
Controversias sobre el nuevo clonado
La defensa también ha cuestionado la decisión del magistrado de citar a Serrano para un nuevo clonado del terminal, una diligencia que, según el juez, busca despejar cualquier duda sobre la integridad y salvaguarda del contenido incautado.
Sin embargo, los abogados de Serrano consideran que esta actuación no puede validar un procedimiento que, a su juicio, nació viciado de origen. Asimismo, critican que la posibilidad de acudir con un perito a la diligencia no fue notificada con suficiente antelación, ya que se enteraron de este derecho el mismo día de la citación en el juzgado, imposibilitando su ejercicio efectivo.
Contexto de la investigación
Juan Manuel Serrano fue formalmente imputado el 10 de julio, tras un informe de la UCO que recogía indicios sobre su presunta implicación en dos vertientes del caso:
- Intentos de boicotear procedimientos judiciales para proteger al PSOE.
- Una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos públicos, conocida como la «rama SEPI».
Los investigadores apuntan a que Serrano colaboró estrechamente con la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas judiciales. Además, le atribuyen un papel relevante en la trama de mordidas, especialmente en la contratación de Díez en Correos, donde habría impulsado un contrato por el que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, habría recibido una comisión.
Situación actual y próximas diligencias
El proceso judicial sigue su curso, a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva el recurso presentado por la defensa de Serrano. Mientras tanto, el debate sobre las garantías procesales y la validez de las pruebas tecnológicas incautadas continúa siendo un eje central en el desarrollo de la causa.
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