España se topa con barreras legales para expulsar a todos los migrantes llegados a Ceuta

España enfrenta límites legales para devolver a Marruecos a todas las personas que cruzaron a Ceuta

La reciente crisis fronteriza en Ceuta ha puesto de manifiesto las complejidades legales y humanitarias que enfrenta España en la gestión de las personas que han accedido de manera irregular a territorio nacional desde Marruecos. Aunque el Gobierno ha reiterado su intención de devolver a todos los migrantes a su país de origen, la legislación española y europea impide la expulsión automática de ciertos colectivos, como solicitantes de asilo de terceros países, menores no acompañados y posibles víctimas de trata.

El compromiso político frente a la realidad legal

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha sido tajante en sus declaraciones: «Estamos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos». Sin embargo, la normativa nacional e internacional establece garantías que protegen a determinados grupos frente a la expulsión sumaria y obliga a analizar cada caso de manera individual.

Según fuentes gubernamentales, entre 8.000 y 11.000 personas permanecen aún en Ceuta tras los sucesos del pasado 30 de julio. No obstante, la aplicación de los procedimientos de devolución no es homogénea para todos los migrantes, tal y como recoge el Reglamento de Extranjería español y diversas sentencias judiciales.

Diferenciación entre nacionales marroquíes y de terceros países

La legislación europea considera a Marruecos como un «país seguro» en materia de protección internacional. Por ello, los adultos marroquíes son los casos con más posibilidades de ser devueltos, dado que no pueden acogerse al derecho de asilo en Europa. Sin embargo, incluso para ellos, la expulsión requiere un procedimiento formal, con derecho a defensa, intérprete y tutela judicial efectiva. Las expulsiones colectivas están prohibidas y sólo en circunstancias muy concretas se permite una devolución ágil, como en casos de alteración de elementos de contención fronteriza, lo que no se produjo en la mayoría de entradas recientes.

Por otro lado, los nacionales de países no incluidos en la lista de «países seguros» sí pueden solicitar asilo si alegan persecución por guerra, discriminación étnica o razones políticas. Una vez admitida su solicitud, se paraliza cualquier proceso de expulsión. Según expertos en migraciones, la protección internacional es un derecho que asiste a cualquier persona en situación de riesgo en su país de origen.

Procedimientos de expulsión y casos especiales

Para quienes no pueden acogerse al asilo, España abre un procedimiento de expulsión convencional. Este proceso también se aplica a ciudadanos de países de tránsito, como Marruecos, con los que existen acuerdos de retorno. Sin embargo, la ley exige especial atención en casos de mujeres embarazadas, personas enfermas o víctimas de trata, ya que la devolución no puede realizarse si supone un riesgo para su salud o seguridad.

Menores no acompañados: protección reforzada y obstáculos a la repatriación

Uno de los colectivos más vulnerables son los menores no acompañados. Según datos oficiales, 1.527 menores permanecen en Ceuta bajo protección. El Reglamento de Extranjería establece un protocolo específico para su repatriación, que prioriza la reunificación familiar y la valoración del interés superior del menor. El procedimiento exige la consulta al país de origen para verificar la situación familiar y la voluntad del propio menor, especialmente a partir de los 12 años.

El Ministerio de Juventud e Infancia reconoce que la reunificación no es posible en la mayoría de los casos, ya sea por la inexistencia de un núcleo familiar adecuado o por el deseo del menor de no regresar a contextos inseguros. Las autoridades marroquíes han expresado su disposición a recibir a estos menores, pero el proceso se ve ralentizado por las garantías legales que ofrece la normativa española.

Aceleración de expedientes y desafíos operativos

El Gobierno insiste en la necesidad de acelerar la tramitación de los expedientes, especialmente para los casos más sencillos, como los nacionales marroquíes. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales advierten que la falta de refuerzo en los servicios de extranjería y asistencia legal dificulta la resolución rápida de los procedimientos. Los expertos estiman que los casos pueden prolongarse varias semanas o incluso meses, especialmente los relacionados con menores y solicitudes de asilo.

Acuerdos bilaterales y límites jurídicos

España y Marruecos firmaron en 2007 un acuerdo para la readmisión de menores no acompañados, pero dicho acuerdo no puede prevalecer sobre la legislación nacional de extranjería ni sobre la Ley de Protección del Menor. Así lo ha ratificado el Tribunal Supremo, que en 2024 declaró ilegales las devoluciones colectivas realizadas en 2021 tras otra crisis en Ceuta.

Preocupación por la falta de información y garantías

Organizaciones humanitarias en Ceuta denuncian la opacidad en los procedimientos y la incertidumbre sobre el destino de las personas migrantes, incluidos los menores. Alertan sobre la realización de redadas y controles nocturnos sin información clara sobre el proceso legal seguido. Insisten en la necesidad de garantizar los derechos de quienes pueden acogerse a protección internacional y de quienes, por su vulnerabilidad, no pueden ser devueltos.

Conclusión

La gestión de la crisis migratoria en Ceuta enfrenta importantes retos legales y humanitarios. A pesar de la presión política para agilizar las devoluciones, la normativa española y europea obliga a analizar cada caso individualmente, ofreciendo garantías especiales a menores, solicitantes de asilo y víctimas de trata. La resolución de los expedientes se prevé larga y compleja, en un contexto donde la protección de los derechos fundamentales debe prevalecer sobre cualquier presión bilateral o política.