Aprobada la Ley de Economía Social: Impulso a un modelo económico alternativo y protección para la vivienda cooperativa
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una normativa que supone un paso decisivo en la consolidación de un modelo económico alternativo en España. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado durante el pleno la importancia de esta ley, subrayando que, aunque “no hace tanto ruido como otras, dice mucho sobre el país que queremos construir”.
Un marco legal que prioriza a las personas
Desde el Ministerio de Trabajo se reivindica que la nueva ley apuesta por una economía “que prioriza a las personas sobre los beneficios”, consolidando así una visión diferente al modelo tradicional. La economía social, que ya representa cerca del 11% del Producto Interior Bruto (PIB) en España, gana con esta ley un respaldo institucional que refuerza su papel en el tejido económico nacional.
La normativa integra y actualiza tres leyes previas, dotando de mayor coherencia y solidez al sector. El objetivo principal es el impulso de formas empresariales “más justas, resistentes, horizontales y democráticas”, según han explicado desde el Gobierno.
Protección especial a las cooperativas de vivienda en cesión de uso
Uno de los puntos más destacados de la nueva ley es la protección específica que otorga a las cooperativas de vivienda bajo el modelo de cesión de uso. Este formato permite a los socios disponer de una vivienda sin necesidad de convertirse en propietarios individuales, favoreciendo el acceso a la vivienda y promoviendo alternativas habitacionales más sostenibles y equitativas.
- Consolidación de un marco jurídico para la economía social.
- Apoyo a modelos empresariales democráticos y participativos.
- Reconocimiento y protección de las cooperativas de vivienda en cesión de uso.
Un respaldo amplio del sector
La ley ha contado con un amplio apoyo de las entidades y organizaciones que integran la economía social. Estas valoran positivamente la apuesta institucional por un modelo que busca equilibrar la rentabilidad económica con el bienestar social y la cohesión territorial.
La aprobación de esta norma representa un avance significativo en la construcción de un sistema económico más inclusivo, donde la participación y los intereses colectivos adquieren un protagonismo creciente.
Se espera que, con este nuevo marco legal, la economía social continúe creciendo y contribuyendo al desarrollo sostenible, la creación de empleo de calidad y el acceso igualitario a servicios básicos como la vivienda.
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