El vicepresidente de la SEPI declara ante el juez y reaviva la investigación sobre el rescate de Air Europa
El rescate financiero de Air Europa, aprobado en noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros durante la crisis sanitaria provocada por la covid-19, vuelve a estar en el centro del debate judicial y político. El préstamo de 475 millones de euros concedido a la aerolínea ha sido objeto de reiterados intentos de escrutinio por parte de partidos de la oposición y organizaciones afines, aunque hasta ahora los tribunales no han detectado irregularidades penales en el proceso.
- El vicepresidente de la SEPI declara ante el juez y reaviva la investigación sobre el rescate de Air Europa
- Un caso persistente en el foco político y judicial
- El papel de Bartolomé Lora y la SEPI
- Argumentos de la acusación y dudas sobre el proceso
- Precedentes judiciales y contexto político
- Intentos de vinculación con Begoña Gómez y obstáculos judiciales
- El precedente del caso Plus Ultra
- Conclusiones y próximos pasos
Un caso persistente en el foco político y judicial
Desde su aprobación, la operación ha sido utilizada como argumento por el Partido Popular (PP), Vox y otros grupos de derecha para cuestionar la gestión del Gobierno, especialmente en relación con figuras como Begoña Gómez —esposa del presidente Pedro Sánchez— y en el marco del conocido ‘caso Koldo’. Sin embargo, la justicia española y la Comisión Europea han respaldado la legalidad del rescate, descartando la existencia de delitos en las vías de investigación abiertas hasta la fecha.
A pesar de estos precedentes, una nueva línea de investigación se ha abierto recientemente. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha admitido a trámite sendas querellas del PP y Vox, que solicitan investigar un posible delito de prevaricación administrativa en la concesión del préstamo público a Air Europa.
El papel de Bartolomé Lora y la SEPI
Entre las diligencias acordadas, el juez José María Escribano ha citado a declarar como investigado a Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y presidente en funciones de la entidad en el momento de la autorización del rescate. Además, el juzgado ha solicitado a la SEPI y al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) la identificación de todos los responsables que participaron en la tramitación del expediente, así como la entrega de documentación detallada sobre la operación, incluidos informes, actas y listados de asistentes a las reuniones pertinentes.
- Expediente completo del apoyo financiero a Air Europa
- Actas, borradores, anexos y documentos distribuidos en las reuniones
- Listados de asistentes y acreditación de voz y voto
- Documentos presentados durante las sesiones
Argumentos de la acusación y dudas sobre el proceso
En la querella presentada, el PP centra la imputación en el proceso decisorio que culminó con el acuerdo del Consejo de Ministros para aprobar y desembolsar el rescate, así como en los pasos previos determinantes para dicha aprobación. Según la formación, Air Europa no habría cumplido algunos de los requisitos exigidos para acceder a la ayuda, como la inexistencia de deudas con Hacienda o la Seguridad Social y la necesidad imprescindible del apoyo público para garantizar la viabilidad de la empresa.
Uno de los puntos que destaca la acusación es el hecho de que la SEPI solicitó un informe a la Abogacía del Estado para determinar si era posible conceder la ayuda a una empresa cuyo accionista mayoritario mantenía deudas tributarias. El informe resultó favorable a la concesión del rescate. Además, se cuestiona el bajo coste y la rapidez con la que se emitió el informe de viabilidad de la compañía: apenas 0,01 euros y en un plazo de 70 días, frente a una media habitual de 158 días y un coste mucho mayor.
Precedentes judiciales y contexto político
El rescate de Air Europa ha sido objeto de sucesivos intentos de judicialización sin éxito por parte de diferentes órganos judiciales. En varias ocasiones se ha intentado vincular la operación con supuestas gestiones de la esposa del presidente del Gobierno y del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. No obstante, los jueces han descartado la existencia de indicios que impliquen a estos responsables políticos en la toma de decisiones sobre el rescate.
En una resolución de mayo de 2025, el juez instructor del ‘caso Koldo’ reconoció gestiones realizadas por Ábalos, pero subrayó que las decisiones finales no dependían ni de él ni de su exasesor Koldo García. Por su parte, el Tribunal Supremo ha considerado probado que ciertos pagos en especie, como el disfrute de una vivienda en Marbella, estaban relacionados con gestiones para la publicación de un comunicado sobre la ayuda pública, con el objetivo de tranquilizar a los acreedores de la aerolínea.
Intentos de vinculación con Begoña Gómez y obstáculos judiciales
Diversas iniciativas de la derecha y organizaciones como Vox, Manos Limpias o Hazte Oír han buscado abrir una investigación sobre la presunta influencia de Begoña Gómez en el rescate. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid se ha visto obligado a retroceder en esta línea tras varios reveses de instancias superiores y el rechazo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no halló nuevos hechos que justificaran la reapertura de la investigación.
El precedente del caso Plus Ultra
El actual foco sobre el Consejo Gestor del FASEE recuerda al proceso judicial abierto por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En ese caso, la jueza encargada concluyó que el Consejo Gestor de la SEPI no tenía capacidad decisoria sobre la concesión de subvenciones, ya que su función se limitaba a elevar propuestas al Consejo de Ministros, órgano que ostenta la competencia para la aprobación final.
La causa contra la SEPI y sus responsables por el rescate de Plus Ultra fue archivada en enero de 2023 al no encontrarse indicios de delito tras casi dos años de investigación. La jueza destacó que no quedó debidamente justificada la comisión de ningún ilícito penal por parte de los gestores públicos.
Conclusiones y próximos pasos
La declaración de Bartolomé Lora ante el juez y las nuevas diligencias reactivan el debate sobre el papel de los organismos públicos en la gestión de ayudas estratégicas durante la pandemia. Mientras tanto, los antecedentes judiciales apuntan a la legalidad de las actuaciones y a la ausencia de responsabilidad penal en los responsables de la SEPI, aunque la presión política y mediática mantiene viva la controversia en torno al rescate de Air Europa.
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