El Supremo juzgará al fiscal general por revelar secretos en el caso Ayuso entre el 3 y el 13 de noviembre

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El Tribunal Supremo juzgará al fiscal general del Estado entre el 3 y el 13 de noviembre

El Tribunal Supremo ha fijado las fechas entre el 3 y el 13 de noviembre para la celebración del juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, acusado de presunta revelación de secretos en el marco del caso por fraude fiscal que involucra a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Un proceso judicial sin precedentes

Por primera vez, un fiscal general del Estado se sentará en el banquillo de los acusados por unos hechos que han provocado gran expectación mediática y política. Las acusaciones, entre las que se encuentran la pareja de Ayuso y una asociación de fiscales, solicitan penas de entre cuatro y seis años de prisión, así como hasta doce años de inhabilitación para ejercer cargo público.

Testigos clave en el juicio

Durante las seis jornadas previstas para el juicio, declararán más de 40 testigos. Entre las personas citadas destacan:

  • Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
  • Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña.
  • Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid.
  • Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación.
  • Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa.

El tribunal ha rechazado la citación de otras figuras políticas, como el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán; y el exjefe de gabinete de Juan Lobato, al considerar que no existe relación relevante de su testimonio con los hechos investigados.

Acusaciones y defensa

Álvaro García Ortiz está acusado de haber filtrado un correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador reconocía, junto a su cliente, la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. El objetivo era alcanzar un acuerdo que rebajase la petición de condena.

Desde el inicio del proceso, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha asegurado que no existen indicios de delito y ha solicitado la absolución del fiscal general. La defensa, representada por la Abogacía del Estado, sostiene igualmente la inocencia de García Ortiz y niega la existencia de hechos delictivos.

Contexto: el caso contra la pareja de Ayuso

Mientras tanto, Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, se encuentra procesado por presunto fraude fiscal, acusado de defraudar 350.951 euros a Hacienda mediante un entramado de facturas falsas. Además, está siendo investigado en una causa paralela por presunta corrupción en los negocios.

Desarrollo y pruebas del juicio

El Tribunal Supremo ha organizado seis sesiones de juicio, que se desarrollarán en jornadas de mañana y tarde. Entre los testigos, también comparecerán fiscales, periodistas y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tres de estos funcionarios de la UCO actuarán además como peritos, tal y como solicitaron las acusaciones populares y aceptó el tribunal.

Como prueba anticipada, se ha requerido a la Fiscalía la entrega de los expedientes de las daciones de cuenta efectuadas en el proceso abierto contra González Amador. Asimismo, la Sala ha reclamado a la Cadena Ser la grabación del programa «Hora 25» emitido el 13 de marzo, en el que un periodista informó sobre el correo electrónico central en la acusación, así como la noticia que publicó al respecto.

Composición del tribunal

El tribunal encargado de juzgar a García Ortiz estará presidido por Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, y compuesto por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo.

El juicio, que comenzará en noviembre, marca un hito en la historia judicial española al sentar en el banquillo al máximo responsable del Ministerio Fiscal por unos hechos de gran trascendencia pública y política. El resultado del proceso podría tener importantes consecuencias institucionales y mediáticas.

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