El Supremo decidirá el destino del fiscal general en un fallo sin precedentes y pruebas concluyentes

El Tribunal Supremo enfrenta su sentencia más compleja: el fiscal general, entre la condena y la absolución

El Tribunal Supremo se encuentra ante una de sus decisiones más delicadas: la inminente sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras un juicio marcado por la ausencia de pruebas concluyentes sobre la filtración que motivó el proceso. La resolución, que podría conocerse antes de finalizar el año, será determinada por la mayoría simple de los siete magistrados que componen la Sala, en la que predomina la sensibilidad conservadora.

Un juicio sin precedentes en la historia judicial española

El proceso judicial contra García Ortiz concluyó tras seis intensas sesiones, en las que se escucharon más de 40 declaraciones testificales y las exposiciones finales de las acusaciones, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Se trata de la primera vez que el máximo responsable del Ministerio Fiscal es juzgado por el Supremo, una decisión que fue tomada por la Sala en el histórico auto del 15 de octubre de 2024.

El origen del caso se remonta a la filtración, en febrero de 2024, del correo electrónico en el que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, admitía la comisión de dos delitos fiscales. La publicación de este correo en un medio de comunicación provocó un fuerte impacto mediático y, según el propio González Amador, supuso su “muerte social”.

La estrategia política y la respuesta institucional

Frente a las consecuencias políticas de la denuncia por parte de la Fiscalía –que se basaba en una defraudación de 350.000 euros a Hacienda con facturas falsas–, el equipo de Ayuso puso en marcha una estrategia para revertir el relato. El jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, filtró a otro medio un correo en el que se sugería que la Fiscalía ofreció un pacto al empresario, versión que fue desmentida por la Cadena Ser poco después.

Ante la confusión generada, el fiscal general solicitó los correos electrónicos implicados y, constatando que la información publicada era errónea y que la institución que representa era objeto de una campaña de descrédito, decidió elaborar y distribuir una nota de prensa para aclarar los hechos. Esta nota, difundida el 14 de marzo de 2024, subrayaba que la propuesta de acuerdo reconocía la autoría de González Amador en los delitos fiscales.

El papel clave de la nota de prensa en el proceso

La publicación de la nota de prensa fue decisiva, ya que motivó la denuncia por revelación de secretos presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid, lo que derivó en la investigación judicial no solo del fiscal de delitos económicos y la fiscal jefa provincial, sino también del propio García Ortiz, asumiendo finalmente el Supremo la causa.

Durante el juicio, el fiscal general defendió la necesidad de la nota informativa para desmentir el bulo y aclarar los hechos a la opinión pública. Su defensa insistió en que todos los datos contenidos ya habían sido publicados previamente y que no existía revelación de secretos. Sin embargo, la acusación particular sostuvo que la nota institucionalizaba la divulgación de un dato confidencial, al hacer pública la confesión de un delito en el marco de una negociación con Hacienda.

Un tribunal dividido y una sentencia decisiva

El órgano encargado de dictar sentencia está compuesto por cinco magistrados de perfil conservador y dos considerados más progresistas. Para que haya condena o absolución se requiere el voto favorable de al menos cuatro jueces. Aquellos que discrepen podrán plasmar su postura en un voto particular.

Cabe destacar que, a lo largo del juicio, no se ha presentado ninguna prueba que acredite que el fiscal general filtró el correo a la prensa o que diera la orden de hacerlo. Por el contrario, los periodistas implicados descartaron a García Ortiz como fuente de la filtración. No obstante, varios juristas coinciden en que la nota de prensa será determinante en la valoración final del tribunal.

Las posibles consecuencias para García Ortiz

• Las acusaciones solicitan hasta seis años de prisión por presunta revelación de secretos.
• Se pide además una inhabilitación de hasta 12 años para cargo público.
• La petición de multa y la indemnización al empresario González Amador supera los 400.000 euros.
• Los delitos imputados incluyen, además de revelación de secretos, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.

En caso de condena, la sentencia solo podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, lo que subraya la gravedad y excepcionalidad del caso.

El debate jurídico sobre la legalidad de la nota

Un aspecto central del proceso ha sido la interpretación jurídica de la nota de prensa. Mientras que en el auto inicial del Supremo se afirmaba que “aparentemente” no se había revelado información indebida, la ambigüedad de ese término ha servido como argumento para quienes sostienen que la nota marcó un antes y un después en la institucionalización de la filtración.

Durante el juicio, tanto la teniente fiscal del Supremo como el abogado del Estado insistieron en que no se estaba juzgando la nota de prensa, lo que generó confusión incluso entre la defensa, que llegó a manifestar desconocer con exactitud los hechos por los que se debía responder.

Expectación ante la inminente sentencia

Ahora, la decisión queda en manos de los magistrados, que deberán pronunciarse en una causa donde la falta de pruebas directas choca con la presión social y política generada en torno al caso. La sentencia marcará un hito en la historia judicial española y tendrá importantes repercusiones para la independencia y la transparencia de las instituciones públicas.