El Partido Popular solicita medidas cautelares contra la dirección de la Guardia Civil en el caso Leire
Las acusaciones populares, coordinadas por el Partido Popular (PP), han presentado ante el juez Santiago Pedraz una solicitud para que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el subdirector Manuel Llamas, queden apartados de cualquier facultad de mando sobre la Unidad Central Operativa (UCO) y su departamento de delincuencia económica. Esta petición surge en el contexto del conocido como «caso Leire», una investigación que se instruye en la Audiencia Nacional sobre presuntas maniobras para obstaculizar causas judiciales que podrían afectar al PSOE o al Gobierno.
Solicitudes clave ante el juez Pedraz
Las acusaciones han presentado varios escritos en los últimos días, solicitando un conjunto de diligencias destinadas a impulsar las pesquisas. Entre las principales demandas se encuentran:
- La prohibición a González y Llamas de ejercer cualquier mando sobre la UCO.
- Impedir que ambos accedan a documentación, sistemas y expedientes relacionados con la investigación en curso.
- Restringir el contacto entre la dirección de la Guardia Civil y los agentes o testigos que ya han declarado en la causa.
- Prohibir la apertura, tramitación o resolución de expedientes disciplinarios que afecten a la UCO mientras dure el procedimiento judicial.
Las acusaciones argumentan que la permanencia de González y Llamas en sus cargos resulta «objetivamente incompatible» con la naturaleza de los hechos investigados, ya que mantienen capacidad de mando sobre los agentes cuya labor investigadora se habría intentado neutralizar.
Imputaciones y ampliación de la investigación
Junto a estas medidas cautelares, se solicita la imputación del ex director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Asimismo, las acusaciones piden ampliar la investigación a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y a otros cargos de la empresa postal. El motivo es la supuesta creación de un puesto «ad hoc» para Díez en Correos, considerado un posible caso de prevaricación.
Riesgo de represalias y presiones denunciadas
Según sostienen las acusaciones, existe un «riesgo de represalia» sobre testigos y agentes, ya que los mandos de la UCO que declararon bajo juramento sobre presuntas presiones continúan jerárquicamente subordinados a los investigados. El PP fundamenta su petición en informes de la propia UCO, que recogen presiones para que la unidad «se pusiera de perfil» y evitara actuar de manera proactiva en causas de relevancia política. También apuntan a la coincidencia temporal entre los contactos con la supuesta trama y la apertura de informaciones reservadas contra la unidad.
En este sentido, las acusaciones señalan que los hechos investigados responderían a una actuación coordinada desde la cúpula de la Guardia Civil. Destacan el testimonio del exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien denunció presiones del exdirector Leonardo Marcos para que se evitara investigar al hermano del presidente del Gobierno.
Investigación sobre la contratación en Correos
Paralelamente, se solicita al juez que investigue la contratación en 2022 de Leire Díez como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos. Las acusaciones consideran que el puesto fue creado expresamente para ella, sin responder a una necesidad organizativa objetiva, y que el entonces presidente de Correos participó activamente en este nombramiento.
Otros aspectos de la investigación
Las acusaciones también buscan profundizar en las circunstancias relativas a la tramitación y archivo de la denuncia contra Leire Díez, así como en las comunicaciones entre miembros de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Badajoz. Para esclarecer estos hechos, solicitan la citación como testigo del fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso.
La investigación sigue abierta y se espera que el juez Pedraz valore en los próximos días la adopción de las medidas cautelares solicitadas y la ampliación de las imputaciones en el marco del caso Leire.
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