El PP de Balears respalda a Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática a cambio de apoyo presupuestario
El Parlament de las Islas Baleares ha aprobado este martes la toma en consideración de una propuesta impulsada por Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2018. El Partido Popular (PP) ha respaldado esta iniciativa como parte de un acuerdo político con Vox, que a cambio garantizará su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2025. La decisión ha provocado una fuerte reacción de los partidos de la oposición, que acusan al PP de ceder ante las exigencias de la ultraderecha.
Acuerdo político entre PP y Vox
La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue aprobada para su tramitación con 30 votos a favor y 26 en contra. Este pacto responde a la necesidad del Gobierno autonómico, liderado por Marga Prohens (PP), de asegurar el respaldo de Vox para sacar adelante las cuentas públicas, ya que los populares no disponen de mayoría absoluta en la Cámara.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada hace seis años con el apoyo de los partidos progresistas y parte del PP, contemplaba medidas como la retirada de símbolos franquistas, la protección de espacios vinculados a la memoria histórica, la concesión de reconocimientos y la organización de homenajes institucionales a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Argumentos de Vox y del PP
Durante el debate parlamentario, Sergio Rodríguez, portavoz adjunto de Vox, rechazó el derecho de reparación de las víctimas y criticó a los partidos de izquierda por impulsar una ley que, según él, «no reconoce a las víctimas de ambos bandos». Rodríguez acusó al PSOE de «idealizar» la Segunda República y calificó de «hipócrita» el enfoque de la ley por no tener en cuenta a quienes sufrieron los bombardeos republicanos sobre Palma.
Por su parte, Cristina Gil, diputada del PP, argumentó que las leyes de memoria histórica suponen «la imposición de un relato» y representan una «intromisión» en la conciencia de los ciudadanos. Gil defendió la necesidad de reconocer a todas las víctimas de la Guerra Civil y destacó que el actual Govern del PP mantendrá la Ley de Fosas, permitiendo a las familias recuperar los restos de sus seres queridos.
Reacciones de la oposición y del movimiento memorialista
El PSIB-PSOE, principal fuerza de la oposición, ha denunciado la postura del PP, acusándoles de «ceder ante la ultraderecha». El diputado socialista Omar Lamin consideró «indecente» que el PP asuma los postulados de Vox y afirmó que esta decisión supone votar «contra los derechos humanos y la dignidad». Lamin también criticó que Gabriel Le Senne (Vox) siga presidiendo el Parlament, recordando que está pendiente de juicio por un presunto delito de odio tras romper la fotografía de tres mujeres republicanas fusiladas por el franquismo: Aurora Picornell, María Pascual y Antònia Pascual.
Desde la sociedad civil, la Plataforma per la Memòria Democràtica ha reclamado al PP que se posicione junto a los derechos humanos y las víctimas de la represión franquista, solicitando que reconsidere su respaldo a la iniciativa de derogación.
Antecedentes y contexto
El debate sobre la Ley de Memoria Democrática en Baleares no es nuevo. En junio de 2024, ya se había aprobado la toma en consideración de su derogación, aunque el proceso no prosperó entonces debido a un cambio de postura del PP, motivado por la negativa de Vox a apoyar los presupuestos. Sin embargo, el nuevo acuerdo entre ambas formaciones ha permitido que el trámite vuelva a la agenda parlamentaria.
Implicaciones y próximos pasos
- La iniciativa de derogación seguirá su curso parlamentario tras superar el primer trámite.
- El futuro de las políticas de memoria en Baleares dependerá de la evolución de las negociaciones entre PP y Vox.
- La oposición y colectivos memorialistas anuncian que continuarán movilizándose en defensa de la memoria democrática y los derechos de las víctimas.
La derogación de la Ley de Memoria Democrática supondrá un cambio significativo en la gestión de la memoria histórica en Baleares, reabriendo el debate sobre el reconocimiento institucional a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
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