El giro en la política del PP sobre los menores migrantes: de la protección legal al discurso de expulsión
El Partido Popular (PP) ha experimentado un cambio significativo en su posicionamiento respecto a los menores migrantes en España. Mientras que durante el gobierno de Mariano Rajoy se promovieron leyes que reforzaban la protección de niños, niñas y adolescentes extranjeros, la actual dirección del partido bajo Alberto Núñez Feijóo se acerca a las posturas de la ultraderecha, defendiendo la expulsión de menores migrantes en línea con el discurso de Vox.
Reformas legales durante el gobierno de Rajoy
En febrero de 2015, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció una profunda reforma del sistema de protección a la infancia y adolescencia, poniendo especial énfasis en la situación de los menores extranjeros no acompañados. En julio de ese año, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos leyes clave: la Ley 8/2015 y la Ley 26/2015, que establecieron un marco legal sólido para garantizar los derechos de la infancia, especialmente de los más vulnerables.
Durante una rueda de prensa, Sáenz de Santamaría subrayó que el interés superior del menor debía prevalecer en cualquier decisión relativa a su retorno a su país de origen. Si la reunificación familiar no era posible o iba en contra de los intereses del menor, las comunidades autónomas debían asumir su tutela. Este principio, en vigor desde entonces, sentó las bases para un sistema en el que el bienestar de los menores migrantes estaba por encima de cualquier otra consideración.
Principales disposiciones legales
- Interés superior del menor: Las leyes aprobadas en 2015 establecen que el interés superior del menor debe ser considerado de manera primordial en cualquier procedimiento, sin excepciones por nacionalidad o situación administrativa.
- Igualdad de derechos: Todos los menores en España, independientemente de su origen, tienen derecho a la educación, atención sanitaria y servicios sociales en condiciones de igualdad con los menores españoles.
- Protección específica a menores extranjeros: Las Administraciones Públicas están obligadas a velar especialmente por los menores extranjeros no acompañados, garantizando su protección y acceso a servicios básicos.
El espíritu de estas normativas era garantizar que ningún menor quedara desprotegido por su nacionalidad o por las circunstancias de su llegada a España.
Un cambio de rumbo tras la crisis de Ceuta
La llegada masiva de migrantes, incluidos menores, a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 ha marcado un punto de inflexión en la postura del PP. El partido ha reclamado la devolución inmediata a Marruecos de todas las personas que ingresaron irregularmente, sin diferenciar entre adultos y menores, adoptando así una posición alineada con la de Vox.
Comunidades autónomas gobernadas por el PP en coalición con Vox, como Aragón, Extremadura y Castilla y León, han amenazado con recurrir judicialmente aquellos expedientes de menores migrantes que no concluyan con su repatriación. Esta actitud contrasta con el principio del interés superior del menor recogido en la legislación vigente, que prioriza el bienestar del menor por encima de otros intereses.
Contradicciones y antecedentes europeos
La solicitud actual del PP de efectuar devoluciones colectivas choca con la propia historia reciente del partido. En 2016, durante la crisis migratoria en Turquía, el gobierno de Mariano Rajoy manifestó en el Congreso su oposición a cualquier acuerdo que implicara expulsiones colectivas de migrantes, una postura refrendada entonces por todos los miembros del PP en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
El discurso actual y la polémica terminológica
En su intervención pública, Alberto Núñez Feijóo ha utilizado el término «menas» para referirse a los menores extranjeros no acompañados, un término habitualmente empleado por la extrema derecha. Además, ha cuestionado la responsabilidad de las comunidades autónomas en la acogida de estos menores y ha defendido que la Ley de Protección del Menor no debería aplicarse a quienes, según él, participaron en una «invasión» de Ceuta.
Sin embargo, la ley establece claramente que sus disposiciones son aplicables a todos los menores presentes en el territorio español, sin distinción. Además, España no ha repatriado a ningún menor a Marruecos en los últimos 14 años, periodo que incluye los gobiernos del propio Rajoy.
Resistencia autonómica y fondos para la atención
En la reciente Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, se acordó destinar 25 millones de euros a Ceuta para la atención de menores migrantes. No obstante, Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde gobiernan conjuntamente el PP y Vox, manifestaron su rechazo a acoger a estos menores, mostrando su intención de obstaculizar cualquier medida de reparto solidario.
Conclusión
El Partido Popular, que en 2015 lideró una reforma legal pionera en la protección de los menores migrantes, ha dado un giro en su posicionamiento hacia posturas mucho más restrictivas, presionado por la crisis migratoria y el avance de la ultraderecha en el panorama político nacional. Este cambio plantea interrogantes sobre la coherencia de las políticas de infancia y la vigencia del marco legal construido en la última década para proteger a los menores, sean cual sean sus circunstancias migratorias.
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