El modelo eólico de Feijóo en Galicia: Un balance económico y judicial controvertido
La gestión de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia, especialmente en lo relativo al desarrollo del sector eólico, ha estado marcada por decisiones polémicas, conflictos judiciales y resultados económicos por debajo de las expectativas. A pesar de la imagen de gestor eficiente que proyecta el líder del Partido Popular, el balance de sus trece años de mandato en materia de energía renovable revela un escenario complejo y lleno de sombras.
- El modelo eólico de Feijóo en Galicia: Un balance económico y judicial controvertido
- El inicio de una nueva etapa: suspensión del reparto eólico previo
- Decisiones anuladas por la Justicia y el coste para las arcas públicas
- Un crecimiento eólico ralentizado y menos beneficios económicos
- Promesas de empleo incumplidas y recursos fiscales limitados
- Controversias ambientales y sociales
- Acumulación de proyectos y nuevas moratorias
- Un legado en entredicho
El inicio de una nueva etapa: suspensión del reparto eólico previo
En abril de 2009, Feijóo accedía a la presidencia de la Xunta con la firme promesa de reorganizar el modelo eólico gallego. Una de sus primeras medidas fue suspender el concurso que el anterior gobierno autonómico (PSOE y BNG) había realizado para adjudicar derechos de instalación de nuevos parques eólicos, equivalentes a 2.290 megavatios de potencia.
El modelo anterior no solo buscaba repartir negocio entre empresas, sino que ligaba las adjudicaciones a compromisos de inversión local y a la participación pública en los beneficios. El objetivo era que el desarrollo eólico beneficiara directamente a las comarcas afectadas, generando empleo y actividad económica en la región.
Decisiones anuladas por la Justicia y el coste para las arcas públicas
La anulación de aquel concurso por parte del gobierno de Feijóo fue posteriormente declarada ilegal por los tribunales. Tanto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como el Tribunal Supremo concluyeron que la decisión de la Xunta supuso una «desviación de poder» y obligaron a indemnizar a las empresas perjudicadas con fondos públicos.
El nuevo modelo impulsado por el ejecutivo de Feijóo eliminó las obligaciones de inversión local e introdujo un canon destinado a proyectos ambientales y de conservación, dejando de lado los compromisos industriales y la participación pública en los beneficios.
Un crecimiento eólico ralentizado y menos beneficios económicos
En marzo de 2010, Feijóo presentó su propio concurso eólico, que repartía 2.325 megavatios y fue publicitado como una apuesta clave para el liderazgo energético gallego. Su gobierno anunciaba la creación de hasta 12.000 empleos y la recaudación de más de 1.000 millones de euros en dos décadas gracias al nuevo canon.
Sin embargo, en 2016, la Justicia anuló el concurso tras recursos interpuestos por empresas excluidas. La Xunta tuvo que reservar partidas presupuestarias para afrontar indemnizaciones. Además, la inseguridad jurídica y los litigios ralentizaron el crecimiento del sector.
- Entre 2005 y 2009, la potencia eólica instalada en Galicia creció un 36%.
- Durante los 13 años de Feijóo (2010-2022), el incremento fue del 18%.
La comunidad también perdió peso a nivel estatal. En 2008, Galicia concentraba el 19,8% de la potencia eólica nacional, porcentaje que descendió al 12,9% en 2022.
Promesas de empleo incumplidas y recursos fiscales limitados
Las expectativas de empleo se quedaron lejos de lo prometido. Según datos de la Asociación Eólica de Galicia, en 2020 el sector ocupaba a menos de 5.500 personas, menos de la mitad de lo anunciado por Feijóo al iniciar su modelo.
En cuanto a los ingresos por el canon eólico, la recaudación acumulada desde 2010 ascendió a 273 millones de euros hasta 2022, muy por debajo de los 1.032 millones previstos para 2030. A ese ritmo, la cifra apenas alcanzaría los 460 millones.
El impacto económico local también resultó limitado. De los 1.229 millones de euros facturados por la industria eólica en 2019, solo una pequeña parte llegó a los municipios con parques, con ayudas medias de 63.000 euros por ayuntamiento.
Controversias ambientales y sociales
La expansión eólica ha transformado el paisaje gallego, con más de 4.000 aerogeneradores instalados. La modernización del sector ha permitido producir más energía con menos máquinas, pero los nuevos modelos son más grandes y generan mayor impacto visual y ambiental.
La legislación autonómica de 2021 estableció distancias mínimas de 500 metros a los núcleos de población, pero asociaciones vecinales y ecologistas consideran que las medidas no han evitado los efectos negativos sobre la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo en muchas aldeas.
Un caso ilustrativo es el municipio de Muras (Lugo), con más de 380 aerogeneradores y una población de 577 habitantes en 2025. El ayuntamiento implementó ayudas para sufragar gastos energéticos de familias y pequeñas empresas, financiadas con presupuesto local ante la escasa llegada de beneficios directos del sector.
La paradoja de ver exportarse más de un tercio de la electricidad producida en Galicia mientras empresas locales afrontan altos costes energéticos ha intensificado el debate sobre el verdadero retorno de la energía eólica para la economía gallega.
Acumulación de proyectos y nuevas moratorias
La gestión de la Xunta derivó en la acumulación de centenares de proyectos y una creciente conflictividad judicial. En 2021 se decretó una moratoria de 18 meses para nuevos parques, ya que en ese momento la administración tramitaba más de 275 expedientes que sumaban 7.200 megavatios, casi el doble de la capacidad instalada.
La intervención judicial se tradujo en la suspensión cautelar de numerosos proyectos y la anulación de licencias por evaluaciones ambientales defectuosas, fragmentación artificial de proyectos o irregularidades en los procedimientos de información pública.
Un legado en entredicho
Feijóo dejó la presidencia de la Xunta en 2022 para liderar el Partido Popular a nivel nacional, dejando tras de sí un modelo eólico caracterizado por una regulación autonómica propia, la instauración de un canon y la promoción de nuevos parques. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por litigios, polémicas ambientales y un impacto económico menor al esperado en el territorio.
- En 2010, Galicia tenía 3.285 megavatios instalados.
- Feijóo adjudicó derechos por 2.325 megavatios adicionales.
- Al dejar la Xunta, la potencia instalada era de 3.900 megavatios, lejos del objetivo de 5.600.
El debate sobre su legado continúa abierto, pero los datos muestran un crecimiento frenado, un retorno económico limitado y una notable judicialización del sector. El modelo eólico gallego bajo el gobierno de Feijóo, lejos de ser un ejemplo de buena gestión, deja tras de sí importantes interrogantes sobre su eficacia y sostenibilidad para el futuro de la comunidad.
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