Controversia judicial en Madrid: Antonio Viejo impide a Begoña Gómez viajar a Ankara y retrasa información clave en el caso del novio de Ayuso
La Audiencia Provincial de Madrid examinará en los próximos días la decisión del juez Antonio Viejo, quien ha sido objeto de críticas por su gestión en dos asuntos judiciales de notable relevancia política. Por un lado, Viejo denegó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, la autorización para viajar a Ankara (Turquía) a la cumbre de la OTAN, mientras que, por otro, ha rechazado por el momento requerir información tributaria esencial en la investigación sobre el presunto soborno de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Un permiso parcial para Begoña Gómez
Begoña Gómez, inmersa en una causa judicial que la mantiene con el pasaporte retirado como medida cautelar, había solicitado autorización para viajar al extranjero por dos motivos: asistir a la graduación de su hija en Londres y acompañar a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN en Ankara. Mientras que el permiso para Londres fue concedido, la petición para Ankara fue denegada.
La decisión recayó en Antonio Viejo, titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, debido a que el juez Juan Carlos Peinado, responsable de la causa contra Gómez, se encontraba de vacaciones, al igual que su sustituto habitual. Viejo asumió así la responsabilidad de resolver la solicitud en un contexto de alta sensibilidad mediática y política.
Rechazo a solicitar información tributaria clave en el caso González Amador
La actuación del magistrado Antonio Viejo también ha generado polémica en la instrucción del caso que investiga el presunto soborno de Alberto González Amador al directivo del Grupo Quirón, Fernando Camino. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía y la acusación popular —representada por PSOE y Más Madrid— han criticado la negativa del juez a requerir información tributaria y de la Seguridad Social de los investigados, información que consideran fundamental para el avance de la investigación.
Los investigadores reclamaron acceso no solo a las cuentas bancarias de González Amador y de Camino, sino también a sus datos fiscales y de la Seguridad Social. Sin embargo, Viejo, que ya tardó seis meses en autorizar las pesquisas bancarias, ha optado por posponer la solicitud de información complementaria a la Agencia Tributaria (AEAT) y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
“Aun cuando se trate de una mera posibilidad, no cabe descartar que del análisis de la información requerida a las entidades bancarias pudiera ya obtenerse un conocimiento suficiente a los fines indagatorios de este proceso”, justificó el juez en un auto emitido el 26 de junio.
Las razones de la UCO y la Fiscalía
La UCO ha insistido en que la información bancaria y tributaria es complementaria y que su análisis conjunto permite identificar flujos económicos no declarados o inconsistencias relevantes para la investigación. En un escrito fechado el 17 de junio, la unidad policial calificó de “indispensable” el acceso a ambas fuentes de información para obtener una visión completa de las operaciones económicas bajo sospecha.
La Fiscalía, por su parte, recurrió la decisión de Viejo ante la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal Diego Lucas Álvarez subraya que ya se ha autorizado la revisión de los movimientos bancarios, medida considerada más invasiva para la intimidad de los investigados, mientras que el acceso a los datos tributarios sería menos intrusivo y podría realizarse sin obstáculos, puesto que la información ya está en poder del Estado.
El Ministerio Fiscal también advierte que retrasar la obtención de esta información perjudica el interés público y a los propios investigados, al prolongar innecesariamente la duración del proceso judicial.
Acusación popular: investigación “paralizada”
Las formaciones PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, han respaldado el recurso de la Fiscalía. Argumentan que centrar la investigación únicamente en los movimientos bancarios y no recabar simultáneamente los datos fiscales y de la Seguridad Social produce incoherencias metodológicas en una investigación patrimonial compleja. Además, denuncian que la instrucción está “prácticamente paralizada desde hace ya un año”, sin que se hayan atendido sus solicitudes de diligencias adicionales.
- En el último año solo se ha dictado un auto de prórroga de la instrucción.
- Se acordó suspender las actividades inspectoras de la AEAT sobre el directivo de Quirón.
- Se han tramitado recursos de apelación, pero no nuevas diligencias de investigación.
Según la acusación, este estancamiento supone no avanzar en el esclarecimiento de los hechos y deja lagunas probatorias que podrían haberse evitado. Recuerdan que la labor de la UCO no debería impedir la realización de otras diligencias, como la declaración de personas implicadas.
Próximos pasos judiciales
La Audiencia Provincial de Madrid deberá ahora decidir si acepta el recurso de la Fiscalía y ordena al juez Viejo que requiera la información tributaria y de la Seguridad Social solicitada. Este episodio pone de relieve las tensiones entre los distintos actores de la investigación y la importancia de la transparencia y el rigor en los procesos judiciales que afectan a figuras públicas de primer nivel.
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