El Hospital de Alcorcón adjudica desde 2020 reparaciones a dedo a Ferrovial Servicios y su sucesora Serveo
Una investigación reciente ha revelado que el Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha concedido, de manera continuada y sin concurso público, más de 200 contratos menores de reparación y conservación a Ferrovial Servicios y su sucesora, Serveo, entre 2020 y 2025. Estos contratos, valorados en más de medio millón de euros, ponen bajo la lupa la gestión de los recursos públicos en la sanidad madrileña y suscitan dudas sobre la transparencia y el cumplimiento de la normativa en la contratación pública.
Contratos menores y adjudicación directa
Ferrovial Servicios inició su actividad de reparaciones en el hospital en 2020, año en el que obtuvo 40 contratos menores por casi 60.000 euros. Posteriormente, tras la adquisición del 75% de Ferrovial Servicios por parte de Portobello Capital en 2022 y su transformación en Serveo, la empresa continuó recibiendo contratos similares. Los contratos menores, aquellos cuyo importe no supera los 15.000 euros (sin IVA) en servicios o suministros y los 40.000 euros en obras, pueden ser adjudicados de forma directa, sin necesidad de licitación pública ni publicidad equiparable a los procedimientos ordinarios.
Entre 2020 y 2025, Serveo y su predecesora acumularon 201 contratos menores por un total de 522.117 euros, según datos extraídos de la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid por la entidad Audita Sanidad. Esta práctica, según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), puede ser considerada un fraccionamiento ilegal si se emplean varios expedientes para una misma necesidad, eludiendo los requisitos de concurrencia y transparencia.
Remodelación del centro Sandoval Sur: contratos al límite legal
Uno de los casos más llamativos es el relacionado con la remodelación del centro sanitario Sandoval Sur en 2024. Ese año, Serveo facturó al hospital 101.060 euros, aunque con el menor número de contratos desde 2020. Para la adecuación de este centro, de tan solo 155 metros cuadrados, se adjudicaron cinco contratos menores a Serveo, todos fechados el 13 de diciembre de 2024, pese a que el centro comenzó a funcionar en octubre y fue inaugurado oficialmente en noviembre.
- Tres de estos contratos se adjudicaron por 14.999 euros cada uno, apenas un euro por debajo del límite legal para los contratos menores.
- Los trabajos incluyeron adecuaciones en consultas de enfermería, técnicas, consulta médica y pavimentación.
El importe total de estos cinco contratos asciende a 54.961 euros. Según la normativa, si varias prestaciones constituyen una unidad funcional y material y son adjudicadas en diferentes contratos menores, se considera un fraccionamiento prohibido por la ley.
Patrón repetido y falta de transparencia
El análisis de los contratos revela prácticas recurrentes: adjudicaciones sucesivas a un único proveedor, importes cercanos al límite legal y descripciones genéricas sobre el objeto de los trabajos. Además, en 2025, Serveo alcanzó el récord de 55 contratos menores en un solo año, por un valor total de 206.457 euros.
En muchos casos, varios contratos se firmaron el mismo día, y algunos presentan importes tan bajos como 27, 77 o 167 euros, lo que dificulta el control y la trazabilidad de las actuaciones. Ante las preguntas sobre la naturaleza de estas reparaciones y el proceso de selección, ni Serveo ni el hospital han ofrecido explicaciones detalladas, alegando únicamente el cumplimiento de la normativa vigente.
Clasificación dudosa y fraccionamiento de contratos
A lo largo de estos seis años, se identificaron solo 20 contratos catalogados como “obras”, de los cuales la mayoría corresponden a 2025. En ocasiones, la clasificación es confusa: contratos de obra para recargar extintores o expedientes de suministros que, en realidad, son reformas de centros de salud mental. En 2025, cinco contratos de suministros presentan exactamente el mismo importe, 14.999 euros, y otros dos contratos para suministrar tuberías con válvulas de alivio enfriadoras, ambos por 9.329,6 euros y con la misma fecha, superando el umbral permitido cuando se suman.
- Contratos para sistemas de refrigeración y climatización también fueron troceados para eludir el límite legal.
- Dos fases de reformas en el centro de salud mental se adjudicaron por separado, sumando más de 22.000 euros, superando el umbral del contrato menor.
Esta dinámica evidencia una gestión poco eficiente y potencialmente irregular de las necesidades permanentes del hospital, lo que, según los organismos supervisores, debería haberse resuelto mediante procedimientos más transparentes como el abierto simplificado, acuerdos marco o división en lotes, que favorecen la competencia y la publicidad.
Contexto institucional y situación financiera
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón, creado en 1997, fue uno de los primeros centros en experimentar con modelos de gestión alternativos en la sanidad pública. Desde 2001, funciona bajo un convenio singular con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que le transfiere una dotación anual para la asistencia sanitaria del sur de Madrid. En 2024, recibió 227,85 millones de euros y, en 2025, la cifra aprobada fue de 217,54 millones. Pese a ello, el hospital cerró el último ejercicio con un fondo de maniobra negativo de 18,23 millones de euros y sufre tensiones de tesorería recurrentes.
A finales de 2024, se aprobó la transformación del hospital en fundación pública sanitaria y la integración de su personal en el Sermas, un proceso aún pendiente de desarrollo. El hospital cuenta con 2.548 empleados y 400 camas, y se rige por estatutos y convenio propios, con un patronato integrado por altos cargos de la Consejería de Sanidad, representantes municipales y universitarios.
Conclusiones y repercusiones
La reiterada adjudicación de contratos menores a un mismo proveedor, la falta de transparencia en los objetos de los contratos y el fraccionamiento de servicios cuestionan la gestión del gasto público en el Hospital de Alcorcón. Las autoridades regulatorias insisten en que estos mecanismos deberían ser la excepción y no la norma, limitándose a necesidades puntuales y no a cubrir servicios recurrentes.
Este caso es parte de una serie que analiza las irregularidades en la contratación pública sanitaria en la Comunidad de Madrid, subrayando la necesidad de mejorar los controles y la transparencia en el uso de fondos públicos destinados a la sanidad.
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