El Gobierno pospone a septiembre la aprobación del nuevo registro horario para atender objeciones legales y empresariales
El Ejecutivo ha decidido aplazar hasta septiembre la aprobación del reglamento que reforma el registro horario laboral, tras las objeciones planteadas por el Consejo de Estado y las discrepancias internas entre los ministerios de Trabajo y Economía. La medida, cuya tramitación arrancó hace un año, tiene como principal objetivo combatir el elevado volumen de horas extra no remuneradas ni cotizadas que se registran semanalmente en España.
Motivo del aplazamiento: protección de datos y costes para las pymes
Según fuentes del Gobierno, la decisión de retrasar la aprobación responde a la necesidad de atender las observaciones del Consejo de Estado, que en marzo emitió un informe crítico sobre la reforma. El principal escollo se centra en la protección de datos personales de los trabajadores, ya que el acceso de la Inspección de Trabajo a esta información plantea dudas sobre la justificación de su uso y los mecanismos para evitar accesos no autorizados.
El informe también advierte que el proyecto de real decreto no solo desarrolla aspectos previstos en la legislación vigente, sino que introduce nuevas obligaciones y cargas tanto para empresas como para trabajadores, superando así el ámbito reglamentario habitual.
Impacto económico para las empresas
Uno de los puntos más controvertidos es el impacto económico que supondrá la implantación del nuevo sistema digital de registro horario, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según estimaciones incluidas en el informe, el coste podría alcanzar los 868 millones de euros, calculando un gasto medio de 55,4 euros anuales por trabajador. El 94% de los 16,6 millones de empleados afectados trabajan en empresas medianas y pequeñas.
- Coste estimado para las pymes: 868 millones de euros
- Gasto anual por trabajador: 55,4 euros
- Población afectada: 16.652.031 trabajadores, principalmente en pymes
Reacciones de la patronal y sindicatos
Desde el inicio de la tramitación, la reforma ha contado con la oposición de la patronal CEOE, que ha anunciado su intención de impugnar la norma al considerar que implica una injerencia en materia de protección de datos y un sobrecoste para las empresas. Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT han presionado al Gobierno para que apruebe la medida, llegando a emitir un ultimátum el mes pasado.
Propuestas para la adaptación y el futuro del registro horario
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sugerido que sería conveniente otorgar a las pymes un periodo de adaptación de un año tras la entrada en vigor de la norma. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado su compromiso con la aprobación del registro horario digital, señalando que se mantendrán los elementos esenciales del texto mientras se refuerza la protección de los datos personales y se facilita la adaptación mediante la negociación colectiva.
Con el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno de coalición, la aprobación definitiva del nuevo registro horario queda emplazada a la vuelta del verano, una vez solventados los obstáculos legales y administrativos identificados por el Consejo de Estado.
Perspectivas de la reforma
La reforma del registro horario se mantiene como una prioridad para el Gobierno, que busca mejorar el control de las jornadas laborales y reducir la precariedad derivada de las horas extra no remuneradas. Sin embargo, el proceso deberá equilibrar las demandas de protección de datos, los costes para las empresas y la viabilidad técnica del nuevo sistema digital.
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