El Gobierno ordena la retirada de siete vestigios franquistas en distintas ciudades de España
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado la retirada de siete monumentos y símbolos franquistas ubicados en las provincias de Murcia, León, Segovia, Gijón y Cantabria. Esta decisión se enmarca dentro de las acciones para cumplir con la Ley de Memoria Democrática y responde a la necesidad de eliminar del espacio público elementos considerados de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
Símbolos afectados y localización
Estos siete vestigios, identificados recientemente, serán incorporados al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática. Entre los monumentos y emblemas que deberán ser retirados se encuentran:
- El escudo franquista situado en la antigua Biblioteca Infantil de Abarán (Murcia).
- El Monumento a los Caídos en Prioro (León).
- El escudo e inscripción de origen franquista en el Monumento de la Inmaculada Concepción (Murcia).
- El Monumento a los Caídos en Castrocontrigo (León).
- El Monumento a los Héroes del Simancas en Gijón.
- El Monumento a Carrero Blanco en Santoña (Cantabria).
- El Monumento a Onésimo Redondo en Labajos (Segovia).
Plazo para la retirada y consecuencias legales
Las resoluciones ya han sido notificadas a los titulares de estos monumentos, quienes disponen de un plazo de seis meses para proceder a su retirada de manera voluntaria. Además, una vez retirados, no podrán ser expuestos nuevamente en espacios públicos. En caso de incumplimiento, el Ministerio podrá iniciar el procedimiento legal establecido en el artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática.
Avances en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática
Con esta nueva medida, el número de vestigios retirados e incorporados al catálogo asciende ya a trece. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática continúa así con la implementación de las disposiciones legales para asegurar que los espacios públicos reflejen los valores constitucionales y los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a la construcción de una memoria histórica acorde con los principios democráticos, contribuyendo a la reconciliación y al respeto de los derechos humanos en la sociedad española.
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