El Gobierno aprueba una ley que limita la publicidad institucional a los medios de comunicación
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de ley de Publicidad del Sector Público, una de las reformas clave incluidas en el Plan de Acción por la Democracia presentado por el presidente Pedro Sánchez en septiembre de 2024. La nueva normativa establecerá límites inéditos a la cantidad de ingresos que los medios pueden recibir mediante publicidad institucional, con el objetivo de garantizar mayor transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de fondos públicos.
Límites a los ingresos por publicidad institucional
La principal novedad de esta propuesta legislativa radica en la imposición de un tope: ningún medio de comunicación podrá superar el 35% de sus ingresos anuales netos provenientes de la publicidad institucional concedida por el conjunto del sector público.
No obstante, la norma contempla una excepción para medios y plataformas en línea de menor tamaño —aquellos con ingresos inferiores a dos millones de euros— y cuya audiencia esté concentrada territorialmente, al menos en un 70%, en una, dos o tres comunidades autónomas limítrofes.
Transparencia y control en la asignación de fondos públicos
El texto legal refuerza la necesidad de transparencia en la distribución de fondos públicos. Así, se establece la obligación de remitir información detallada sobre el seguimiento del gasto publicitario por parte de las autoridades o reguladores autonómicos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En caso de que no exista una autoridad independiente en el ámbito autonómico, la CNMC asumirá estas competencias.
La reforma se alinea con la reciente normativa europea sobre libertad de los medios de comunicación (EMFA), aprobada en el Parlamento Europeo en agosto de 2025, asegurando la adaptación de la legislación española a los estándares comunitarios.
Registro obligatorio y transparencia de tarifas
Otro de los aspectos destacados es la creación de un registro de medios dependiente de la CNMC. La inscripción será requisito indispensable para que los medios puedan acceder a campañas de publicidad institucional de carácter estatal. Esta medida busca un mayor control sobre los destinatarios de la inversión pública en comunicación.
Además, los medios de comunicación deberán publicar con antelación las tarifas que ofrezcan al mercado para la contratación de campañas institucionales. Estas tarifas tendrán carácter de precios máximos, lo que impedirá la aplicación de descuentos adicionales a posteriori.
Prohibición de incentivos y bonificaciones
La nueva ley prohíbe expresamente que las empresas adjudicatarias de contratos de compra de espacios publicitarios reciban bonificaciones, contraprestaciones indirectas o descuentos en especie por parte de los medios vinculados a fondos públicos. Con esta medida se pretende evitar prácticas que puedan distorsionar el mercado y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
Refuerzo de los informes anuales de publicidad
El Gobierno también ampliará el contenido del informe anual de publicidad institucional, que aprueba el Consejo de Ministros. A partir de ahora, este documento incluirá información más detallada sobre la asignación de fondos públicos a los distintos medios y plataformas que hayan resultado adjudicatarios de contratos, especificando los importes anuales desembolsados.
Objetivos de la reforma
- Garantizar la transparencia y trazabilidad en la asignación de recursos públicos para publicidad institucional.
- Evitar la dependencia excesiva de los medios respecto a la financiación pública.
- Adaptar la legislación nacional a los estándares europeos en materia de libertad y pluralidad informativa.
- Prevenir prácticas desleales o discriminatorias en la adjudicación de campañas institucionales.
Con la aprobación de este anteproyecto de ley, el Gobierno busca fortalecer la independencia del sector mediático y asegurar que la inversión pública en comunicación responda a criterios objetivos y equitativos, contribuyendo así a la calidad democrática.
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