El Gobierno aprueba ayudas de 250.000 euros para familias de quienes fallecieron en defensa de las libertades democráticas
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo decreto-ley que restablece las indemnizaciones para las familias de personas que perdieron la vida defendiendo las libertades y derechos democráticos en España. Esta medida, que aún debe ser convalidada, supone una modificación de la Ley de Memoria Democrática y amplía tanto el periodo de reconocimiento como el alcance de la reparación integral a las víctimas.
Ampliación del marco temporal y cuantías de las ayudas
Hasta ahora, el marco de reconocimiento establecido por la ley de 2007 abarcaba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. Con el nuevo decreto, ese periodo se extiende hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución Española. Esta ampliación permitirá que más familias puedan acceder a las prestaciones y al reconocimiento oficial por parte del Estado.
La normativa contempla una indemnización de 250.000 euros para los beneficiarios de las personas fallecidas en defensa de los derechos democráticos. Los recursos podrán ser recibidos por hijos, cónyuge o personas que hubieran convivido con la víctima en una relación de afectividad análoga.
- Indemnización por fallecimiento: 250.000 euros.
- Indemnización por incapacidad permanente absoluta: 180.000 euros.
- Indemnización por gran invalidez: 500.000 euros.
Estas cuantías se equiparan a las reconocidas para las víctimas del terrorismo en España. Sin embargo, quedan excluidas de estas ayudas las personas que hayan pertenecido o pertenezcan a organizaciones o grupos armados de carácter terrorista.
Reconocimiento y nuevas iniciativas parlamentarias
La ministra de Hacienda y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, contactó recientemente con las hermanas de Manuel José García Caparrós, joven asesinado durante las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, para informarles sobre la reforma y la posibilidad de acogerse a las nuevas indemnizaciones. García Caparrós había sido previamente excluido del reconocimiento como víctima del terrorismo, lo que generó malestar entre sus familiares.
Paralelamente, Izquierda Unida ha anunciado la presentación de una proposición de ley en el Congreso para que se reconozca como víctimas de terrorismo a las personas que, como García Caparrós, fallecieron a manos de agentes del Estado. El objetivo es evitar la distinción entre víctimas de primera y de segunda, y extender el reconocimiento a todos los afectados por crímenes cometidos por agentes estatales hasta el 1 de enero de 1983.
Hacia una memoria más inclusiva
Desde Izquierda Unida se insiste en la necesidad de modificar tanto la Ley de Memoria Democrática como la de Víctimas del Terrorismo para garantizar que la reparación y el reconocimiento sean integrales y no dejen fuera a ningún colectivo. Según sus portavoces, es fundamental recordar el sacrificio de miles de personas que lucharon por la llegada de la democracia en España.
Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar en políticas de memoria y reparación, reconociendo el papel de quienes defendieron las libertades democráticas y proporcionando apoyo a sus familias. La nueva normativa, una vez convalidada, supone un paso adelante en el reconocimiento institucional a las víctimas y sus allegados.
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