El decreto sobre lobbies enfrenta el rechazo de la oposición y la incomodidad sindical
La Cámara Baja decidirá este miércoles el futuro del decreto aprobado por el Gobierno el pasado 25 de agosto, que busca regular la actividad de los lobbies en España mediante la creación de un registro de grupos de interés y nuevas herramientas de transparencia. Sin embargo, todo apunta a que el texto será rechazado por el Congreso, ante la falta de apoyos suficientes y el descontento de diversos sectores.
Un déficit democrático pendiente en España
La regulación de los grupos de presión es una asignatura que España arrastra desde hace décadas. Mientras países como Alemania, Estados Unidos, Francia, México, Canadá o Australia cuentan con normativas sólidas al respecto, la legislación española sigue rezagada, a pesar de las recomendaciones de expertos que consideran este vacío un déficit democrático. Incluso la Unión Europea y algunas comunidades autónomas han avanzado más en este campo.
El actual decreto, en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado como Real Decreto-Ley, necesita la convalidación del Congreso para mantener su validez. De no contar con el respaldo de la mayoría en la votación de este miércoles, las medidas decaerán y España podría perder una partida de fondos europeos cercana a los mil millones de euros.
Oposición amplia y apoyos insuficientes
Las posibilidades de que el texto salga adelante son escasas. El Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya han manifestado su intención de votar en contra. Junts sostiene que no se puede equiparar a grandes lobbies con pequeñas asociaciones, cooperativas o entidades territoriales que solo buscan trasladar sus demandas a los responsables públicos. Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco, habitualmente aliado del Gobierno, tampoco ha mostrado un apoyo claro.
La suma de los votos de PP, Vox y eventualmente Unión del Pueblo Navarro dejaría la responsabilidad en manos de Junts, cuya postura parece contraria. Incluso dentro del propio PSOE se reconoce la dificultad para reunir una mayoría que respalde el decreto, aunque desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública mantienen cierto optimismo y confían en lograr un acuerdo de última hora.
¿Qué establece el decreto sobre lobbies?
El decreto incorpora dos medidas principales:
- Creación de un registro de lobbies: Todos los grupos de interés deben inscribirse en este registro, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para poder ejercer cualquier actividad de influencia ante la Administración General del Estado. El registro es público y de acceso abierto para la ciudadanía.
- Transparencia y trazabilidad de la actividad: La norma exige que las actividades de influencia sean rastreables y públicas. Los documentos entregados, comunicaciones escritas y aportaciones a procedimientos legislativos por parte de los lobbies deberán estar disponibles y actualizados. Además, los grupos tendrán que informar en sus páginas web sobre sus integrantes y colaboradores que hayan ejercido cargos públicos en los últimos cinco años.
Actualmente, el registro ya ha recibido más de 250 solicitudes de inscripción desde su activación hace una semana. Sin embargo, si el decreto no es convalidado, este registro perdería su obligatoriedad y, en la práctica, su utilidad.
Sanciones y obligaciones
El decreto también prevé un régimen sancionador para quienes incumplan sus obligaciones, tanto para el personal público como para los propios lobbies. Las infracciones más graves podrían conllevar la prohibición de solicitar la inscripción o la cancelación en el registro, lo que supondría la imposibilidad de ejercer la actividad legalmente, además de multas que pueden alcanzar los 40.000 euros.
Críticas y malestar de sindicatos y patronal
Una de las principales polémicas alrededor del decreto es la exclusión de sindicatos y patronal como excepciones a las obligaciones previstas. El texto original de la ley, que llevaba en tramitación más de 20 meses, contemplaba excepciones para organizaciones sindicales y empresariales, entre otras. Al suprimirse estas excepciones en el decreto, tanto la CEOE como los sindicatos CCOO y UGT han expresado públicamente su malestar, llegando a solicitar la retirada del texto o, en su defecto, su no aprobación en el Congreso.
Desde los sindicatos se argumenta que su función está reconocida en el artículo 7 de la Constitución y que no pueden ser considerados grupos de interés privados, ya que representan intereses colectivos. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública defiende que, aunque no figuren explícitamente como excepción, no es necesaria su inscripción en el registro para ejercer sus funciones constitucionales.
Futuro incierto y negociaciones de última hora
En los últimos días, el ministerio ha mantenido contactos con las organizaciones sindicales para intentar rebajar la tensión. No obstante, la previsión es que el decreto no logre superar la votación y cualquier modificación o aclaración deberá abordarse posteriormente. Queda por ver si la tramitación de la ley original continuará en caso de que el decreto sea rechazado.
La decisión del Congreso determinará si España da un paso adelante en la regulación de los grupos de interés o si, una vez más, esta cuestión queda pendiente, en medio de un debate donde confluyen intereses políticos, sociales y económicos de amplio alcance.
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