El Congreso abre expediente a la diputada del PP que introdujo un espray tóxico en el hemiciclo
La Mesa del Congreso de los Diputados ha iniciado un expediente sancionador contra Ana Belén Vázquez, parlamentaria del Partido Popular, por haber introducido un espray tóxico en el hemiciclo. Esta medida podría desembocar en la suspensión temporal de su labor parlamentaria y la retirada de su sueldo, dependiendo del resultado del proceso disciplinario.
Plazo para alegaciones y procedimiento sancionador
Según ha comunicado la Cámara, Ana Belén Vázquez dispone de un periodo de 10 días para presentar sus alegaciones y argumentos en defensa propia. Una vez finalizado este plazo, la Mesa del Congreso podrá valorar la propuesta de suspensión temporal de empleo y sueldo. La decisión de sanción definitiva deberá ser ratificada posteriormente por el Pleno, requiriendo una mayoría simple para su aprobación.
Votación y postura de los grupos parlamentarios
La apertura del expediente fue respaldada por la mayoría progresista de la Mesa, compuesta por representantes del PSOE y Sumar, mientras que el Partido Popular se opuso a la medida, según han confirmado fuentes parlamentarias.
Incidentes de intoxicación en el Congreso
Fuentes oficiales de la Presidencia del Congreso informaron que aproximadamente una docena de personas resultaron intoxicadas tras el incidente. El suceso se produjo después de que la diputada introdujera el espray en las dependencias parlamentarias. De acuerdo con la explicación proporcionada por el Partido Popular, un trabajador del grupo parlamentario habría manipulado el bote y, al intentar limpiarlo, vació algunos restos del producto, lo que habría ocasionado los síntomas de intoxicación entre varios afectados.
Próximos pasos en el proceso disciplinario
El procedimiento abierto marca un precedente en la aplicación del régimen disciplinario en la Cámara Baja, reforzando la importancia de las normas de seguridad dentro del Parlamento. Se espera que en los próximos días la diputada presente sus alegaciones y que la Mesa del Congreso valore las posibles sanciones en función de los hechos y las explicaciones aportadas.
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