El 90% de los juicios por jurado en España terminan en condena: ¿justicia popular o tendencia punitiva?

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Entre 1996 y 2024, el 90,09% de las sentencias dictadas por tribunales del jurado en España han terminado en condena. Este dato, proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), plantea interrogantes sobre el funcionamiento de la justicia popular y su tendencia a fallar en contra de los acusados.

La reciente instrucción judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha reavivado el debate sobre los riesgos de someter casos mediáticos a un tribunal del jurado. Aunque la Audiencia Provincial de Madrid revocó la apertura de una pieza separada por presunta malversación, permitió que las investigaciones sobre presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional continúen dentro de la causa principal.

El juez instructor, Juan Carlos Peinado, propuso que, en caso de celebrarse juicio, fuera mediante jurado popular. Esta decisión ha sido cuestionada por la defensa de Gómez, que considera que no se cumple con los requisitos legales para este tipo de tribunal y advierte de sus peligros, especialmente en causas con amplia proyección pública.

Una fórmula de escasa utilización pero con una alta tasa de condenas

Pese a que el jurado popular es una figura poco frecuente en el sistema judicial español, su impacto es significativo. En 2024, se incoaron 694 procedimientos ante el Tribunal del Jurado, un 6,3% más que en 2023. Sin embargo, estas cifras son mínimas en comparación con los más de dos millones de asuntos judiciales tramitados cada año.

Desde su instauración en 1996, los juicios por jurado han arrojado tasas de condena superiores a las de otros procedimientos penales. Por ejemplo, en casos de violencia doméstica, el 87,8% de los veredictos fueron condenatorios; en violencia de género, la cifra ascendió al 95,9%; y en el resto de delitos al 89,4%. Estos porcentajes superan tanto a los procedimientos sumarios (84%) como a los abreviados (81%).

En 2023, el año con mayor número de sentencias condenatorias, el 96,4% de los fallos de los jurados populares resultaron en condena. De estos, 15 se referían a violencia doméstica, 57 a violencia de género y 348 a otros delitos.

El detalle de los delitos juzgados por jurado popular no suele especificarse en las estadísticas oficiales, aunque un análisis de 2019 permite una primera aproximación:

  • Delitos contra las personas: 66,2%
  • Delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos (incluida la malversación): 16,7%
  • Delitos contra la libertad y la seguridad: 16,7%
  • Delitos contra el honor: 0%
  • Delitos de incendios: 0,4%

Expertos en derecho apuntan a varios factores que podrían explicar la elevada proporción de sentencias condenatorias en los juicios por jurado popular. Según la catedrática Cristina Herminda, la propia Ley del Jurado establece que el tribunal es competente en función del “presunto hecho delictivo”, lo que supone que, desde el inicio, se parte de la presunción de que ha existido un delito.

Antes de que se forme el jurado, deben existir indicios racionales y verosímiles sobre los hechos presuntamente delictivos. Esta exigencia previa de indicios sólidos puede condicionar a los miembros del jurado hacia la culpabilidad del acusado, dificultando la opción de la absolución.

En casos de gran repercusión pública, como el de Begoña Gómez, también se advierte sobre el riesgo de que el juicio adquiera un carácter más político que estrictamente jurídico, lo que podría contaminar la imparcialidad del tribunal popular.

El papel de la percepción social y los medios

Desde la criminología, se han realizado estudios para analizar el comportamiento de los ciudadanos cuando actúan como jurados. El catedrático Daniel Varona, en su trabajo sobre la percepción y elección del castigo en España, destaca que existe una mayoría (76,5%) de ciudadanos que consideran que las penas impuestas por los tribunales son demasiado benevolentes y desearían castigos más severos.

Según estas investigaciones, las actitudes punitivas de la población no sólo responden a la evaluación racional sobre la delincuencia real, sino que también canalizan miedos o preocupaciones sociales más amplias, como la inseguridad o la desconfianza institucional. La percepción de que la justicia penal es demasiado indulgente se relaciona, además, con ideologías más conservadoras y con la influencia de los medios de comunicación.

Por otro lado, la confianza o desconfianza en el sistema judicial es un factor clave: a mayor desconfianza, mayor es la percepción de benevolencia y, por tanto, más punitivismo exige la ciudadanía.

El jurado popular, aunque minoritario en el panorama judicial español, presenta una alta tasa de condenas que supera la de otros procedimientos. Esta tendencia puede estar influida tanto por el marco legal, que exige la existencia de indicios sólidos antes del juicio, como por actitudes sociales de desconfianza y demanda de mayor severidad penal.

En el contexto de casos mediáticos y políticamente sensibles, el riesgo de que las percepciones sociales y la presión mediática condicionen el veredicto es aún mayor. Por ello, el debate sobre la conveniencia y los límites del jurado popular sigue vigente, especialmente cuando se trata de garantizar un juicio justo e imparcial.

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