El 77% de multas por la ‘ley mordaza’ se aplicaron con gobiernos progresistas

El 77% de las multas por la ‘ley mordaza’ se han impuesto bajo gobiernos progresistas

Desde su aprobación en 2015, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘ley mordaza’, ha generado un intenso debate social y político en España. Aunque fue impulsada por el Gobierno del Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy, la mayoría de las sanciones se han impuesto durante los mandatos de ejecutivos progresistas, pese a las promesas de derogación por parte de estos partidos.

Un balance de sanciones y recaudación millonaria

Entre 2015 y 2025, la aplicación de la ley mordaza ha supuesto la tramitación de 2.769.169 sanciones, lo que se ha traducido en una recaudación superior a los 1.674 millones de euros. De esta cifra total, solo el 23% de las multas (unas 640.000) se impusieron durante los tres años de gobierno del PP. El 77% restante, alrededor de 2,1 millones de sanciones, se tramitaron bajo gobiernos del PSOE junto a Unidas Podemos y Sumar, desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia en junio de 2018.

Cabe destacar que estas estadísticas, aportadas por el Ministerio del Interior, no incluyen las infracciones gestionadas por los cuerpos autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra, lo que significa que el volumen real de sanciones y la recaudación asociada son aún mayores.

Intentos de reforma y obstáculos parlamentarios

Durante las dos últimas legislaturas han existido diversos intentos de reformar la ley mordaza en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las discrepancias entre los grupos parlamentarios han impedido avanzar en la modificación de la norma. El último intento relevante fue el acuerdo alcanzado en octubre de 2024 entre PSOE, Sumar y Bildu para iniciar la reforma, que finalmente fracasó por desacuerdos en puntos clave como el uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas antidisturbios, las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y la devolución en caliente de migrantes en frontera. Con la nueva convocatoria electoral, cualquier reforma ha quedado aparcada.

El impacto de la ley por año y tipo de sanción

El año 2020, marcado por el confinamiento debido a la pandemia de COVID-19, registró el mayor número de sanciones, alcanzando las 375.930 multas. Fue el único año en el que las infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana superaron a las vinculadas al consumo o tenencia de drogas en espacios públicos, que han predominado en el resto de ejercicios.

En la última legislatura, entre 2023 y 2025 (a falta de los datos de 2026), se impusieron 897.691 sanciones por vulneraciones de la ley mordaza, con una recaudación de 557,2 millones de euros. El 71,2% de estas multas correspondieron a consumo o tenencia de drogas, y el 17,5% a desobediencia o resistencia a la autoridad y desórdenes en espacios públicos.

El año 2024 fue el de mayor actividad sancionadora de la pasada legislatura, con 327.761 multas, un 15% más que en 2023. En 2025, sin embargo, se registró una disminución del 13%, con 285.418 sanciones, lo que representa una media de 782 multas diarias y una recaudación total de 178,7 millones de euros.

• El 70,5% de las sanciones en 2025 fueron por consumo de drogas en la vía pública.
• El artículo 37.4, que sanciona faltas de respeto a miembros de las fuerzas de seguridad, fue el más aplicado con 18.582 multas.
• El artículo 36.6, relativo a desobediencia o resistencia a la autoridad, acumuló 17.543 expedientes.
• El artículo 36.3, por desórdenes u obstáculos en la vía pública, sumó 5.940 sanciones.

En cuanto al uso de armas y explosivos, aunque representa el capítulo con menos expedientes (35.457 en 2025), fue el único apartado que aumentó respecto al año anterior (un 6% más), con una recaudación de 23,8 millones de euros. El 90,5% de estas multas fueron por infringir el artículo 36.10, que sanciona la tenencia o uso indebido de armas prohibidas.

Diferencias regionales en la aplicación

Analizando los datos por comunidades autónomas (sin incluir las gestionadas por cuerpos autonómicos), Andalucía encabezó el ranking en 2025 con 104.512 sanciones, seguida de Madrid (29.962), Canarias (23.873), Castilla y León (19.460), Comunidad Valenciana (18.850), Castilla-La Mancha (17.033), Murcia (15.153) y Galicia (12.675). Solo Illes Balears y Extremadura vieron aumentar el número de multas respecto al año anterior.

Críticas y demandas de derogación

Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Greenpeace, junto a la plataforma No somos delito, han reclamado reiteradamente la derogación de la ley mordaza. Amnistía Internacional denunció la falta de avances en la reforma y puso sobre la mesa casos paradigmáticos como el de un grupo ciudadano de Madrid con 20.000 euros en multas por protestar contra la tala de árboles, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel con más de 44.000 euros en sanciones desde 2021, o los 21.000 euros impuestos a estudiantes por manifestarse durante la visita de la embajadora de Israel a la Universidad Complutense.

Las asociaciones de usuarios de cannabis, como Confac, también han solicitado la derogación de la ley al considerar que las sanciones por consumo de drogas en espacios públicos actúan como un «impuesto encubierto», especialmente en un país donde el consumo fue despenalizado en el ámbito privado.

España, a la cabeza de Europa en sanciones por consumo de cannabis

La aplicación de la ley mordaza ha situado a España entre los países europeos con mayor número de sanciones por consumo o tenencia de cannabis. Según el Observatorio Europeo de las Drogas, en 2022 España concentraba el 43% de todas las infracciones registradas en Europa por este motivo, superando ampliamente a Alemania, el segundo país en la clasificación.

La ley mordaza continúa siendo objeto de polémica y debate social, a la espera de si los próximos gobiernos retomarán los intentos de reforma o derogación que hasta ahora no han llegado a buen puerto.