La Audiencia de Madrid mantiene criterios opuestos sobre la acumulación de causas en el ‘caso residencias’
La investigación judicial por la gestión sanitaria en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, que involucra la muerte de 7.291 personas que no fueron trasladadas a hospitales, se enfrenta a un escenario de incertidumbre procesal. Dos secciones de la Audiencia Provincial de Madrid han adoptado resoluciones opuestas sobre si deben unificarse o no los procedimientos judiciales relacionados con este caso.
Dos posturas enfrentadas en la Audiencia Provincial
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido concentrar en un solo proceso dos investigaciones relacionadas con el denominado ‘caso residencias’. Esta resolución pretende evitar sentencias contradictorias y garantizar una administración de justicia más eficiente, justificando la acumulación por la “identidad o estrecha relación” existente entre los hechos investigados y las personas potencialmente responsables. Según el tribunal, concurre lo que se denomina “conexidad procesal”, lo que aconseja abordar de manera conjunta las causas.
Esta postura coincide con la defendida por la Fiscalía y por las familias de las víctimas, que son partidarias de una macrocausa que abarque el conjunto de denuncias. Incluso algunos de los ex altos cargos imputados, como Francisco Javier Martínez Peromingo, han solicitado esta acumulación.
En contraste, la Sección Primera de la misma Audiencia Provincial rechazó en abril la acumulación de más de veinte procedimientos abiertos en diferentes juzgados de la región. Confirmando la decisión del Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid, los magistrados argumentaron que no se daban los requisitos legales de conexidad, subrayando que cada procedimiento involucra víctimas y responsables distintos, y que las circunstancias clínicas varían en cada caso. Según esta sección, la acumulación podría añadir complejidad, ralentizar el proceso y dificultar el análisis detallado de cada situación individual.
Un marco regulatorio confuso y dos tipos de investigados
Expertos en derecho procesal consultados señalan que la coexistencia de estos criterios contradictorios tiene su origen en la complejidad normativa y en la diversidad de los investigados. Gonzalo Martínez Fresneda, abogado especializado en derecho procesal, destaca que el marco regulatorio actual es “contradictorio y confuso”, debido a múltiples reformas y excepciones acumuladas en los últimos años, lo que facilita la existencia de resoluciones divergentes.
Además, Martínez Fresneda señala que en el caso de las residencias existen dos perfiles de investigados: por un lado, altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y, por otro, profesionales con contacto directo en las residencias, como los geriatras de hospitales. Según el letrado, la Sección Séptima enfoca su resolución en la actuación de los primeros, mientras que la Sección Primera atiende principalmente a los segundos.
Desde una perspectiva procesal, el abogado considera razonable que se unifique la investigación respecto a los altos cargos, dado que se examina una conducta común en todos los procedimientos, mientras que las actuaciones de los geriatras podrían mantenerse en distintos juzgados por sus especificidades.
Autonomía judicial y diversidad de interpretaciones
Rodrigo Miguel Barrio, profesor de la Universidad de Burgos y experto en Derecho Procesal, coincide en que es posible la existencia de criterios distintos, ya que cada sección de la Audiencia Provincial tiene autonomía para interpretar y aplicar la ley. En este sentido, ambas resoluciones se apoyan en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero difieren en su interpretación: la Sección Primera opta por una visión restrictiva, priorizando la especificidad de cada víctima, mientras que la Séptima adopta una interpretación extensiva, buscando evitar sentencias contradictorias.
Ambos enfoques se consideran jurídicamente válidos y motivados, por lo que, según los expertos, es posible que convivan decisiones diferentes en función del tipo de procedimiento y de investigados implicados.
¿Qué opciones existen ahora?
- Las partes pueden solicitar a un órgano superior, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que unifique los criterios, aunque esta vía es poco habitual al no tratarse de un conflicto de competencias estricto entre secciones.
- No es posible recurrir estas resoluciones mediante los cauces ordinarios, ni tampoco cabe recurso de casación, ya que la cuestión afecta a la competencia territorial y no a la objetiva.
- Otra opción sería convocar un Pleno gubernativo en la Audiencia Provincial para unificar criterios, aunque los expertos lo consideran una posibilidad poco probable en la práctica y de difícil aplicación al caso concreto.
En definitiva, el ‘caso residencias’ en Madrid ejemplifica la complejidad jurídica derivada de la gestión de múltiples procedimientos y de una normativa en constante cambio. Por el momento, la coexistencia de criterios distintos en la Audiencia Provincial podría mantenerse, mientras no se adopte una solución definitiva que unifique la tramitación de las investigaciones.
Nota:
Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.
El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.
