Los denunciantes del ‘caso residencias’ reclaman que se investigue por prevaricación a ex altos cargos del Gobierno de Ayuso
Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia han solicitado ante la justicia que se amplíe la investigación sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. Los abogados de ambas entidades han presentado peticiones en 60 procedimientos judiciales para que, además del delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, se investigue también un posible delito de prevaricación por parte de varios ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Declaraciones contradictorias y nuevas imputaciones
La solicitud de los denunciantes se basa, entre otros elementos, en las declaraciones realizadas ante los tribunales por Carlos Mur, ex responsable de la Coordinación Sociosanitaria, y Francisco Javier Martínez Peromingo, su sucesor. Peromingo calificó de «discriminatorias» las primeras versiones del conocido como ‘Protocolo de la Vergüenza’ y atribuyó la responsabilidad de su elaboración a Mur. Por su parte, Mur afirmó en sede judicial que simplemente firmó el documento y que no compartía algunos de sus contenidos.
Estas versiones opuestas han llevado a los abogados a exigir una investigación más exhaustiva, en especial sobre la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa. Esta petición toma impulso tras la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de ampliar la investigación sobre los ex responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid, en el contexto de las diligencias por la muerte de una de las 7.291 personas mayores fallecidas en residencias sin ser trasladadas a un hospital durante la emergencia sanitaria.
Nueva comparecencia judicial: la doctora María Teresa Vidán
La agenda judicial del caso suma una nueva fecha clave esta semana. El martes 30 de junio está citada a declarar, por primera vez como imputada, la doctora María Teresa Vidán, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón. Vidán ha sido señalada por Carlos Mur como la responsable de redactar el protocolo que estableció las directrices de actuación en residencias durante la pandemia.
Su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey se produce en un procedimiento abierto tras la denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de personas fallecidas en residencias de mayores. La intervención de Vidán cobra especial relevancia, ya que su nombre ha sido mencionado en diversas ocasiones como autora del documento base para las medidas adoptadas.
Implicados en la investigación
La investigación judicial ha situado en el centro de varios procedimientos a distintos ex altos cargos y responsables sanitarios del Gobierno de Ayuso. Entre los investigados figuran:
- Carlos Mur, ex coordinador sociosanitario.
- Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Mur.
- Pablo Busca, ex director del SUMMA 112, responsable de la gestión de ambulancias públicas durante la pandemia.
- Antonio Burgueño, asesor sanitario del Gobierno regional y responsable de la elaboración del plan de acción frente a la COVID-19.
Estos nombres aparecen en diferentes causas abiertas, en las que se analiza el proceso de elaboración, aprobación y aplicación de los protocolos que determinaron la atención a personas mayores en las residencias.
El testimonio de las familias y críticas al proceso judicial
Desde la asociación Marea de Residencias se subraya la importancia del testimonio de Clemente, hijo de una de las víctimas y querellante en la causa. Su declaración ante el juez ha sido considerada «fundamental» para esclarecer los hechos. Sin embargo, la indignación de las familias aumentó tras la suspensión de la comparecencia de la doctora Vidán, inicialmente prevista para el 9 de abril, debido a un error administrativo en la citación judicial. Las asociaciones denuncian que este tipo de fallos contribuyen a dilatar los procedimientos y generan un mayor desgaste emocional para las familias afectadas.
«Denunciamos que este tipo de fallos administrativos e institucionales solo contribuyen a dilatar el procedimiento, aumentar el desgaste emocional de las familias y retrasar de manera intolerable el acceso a la justicia», afirman desde la plataforma. «Seguiremos acompañando a Clemente y al conjunto de querellantes hasta que se depuren todas las responsabilidades».
Exigen verdad y responsabilidades
Carmen Martín, portavoz de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, ha manifestado la determinación de las familias para que se esclarezca lo sucedido: «Pedimos y exigimos a Vidán que el martes diga la verdad ante el juzgado, porque aquellos protocolos dejaron abandonadas y murieron muchísimas personas. Queremos que aclare lo ocurrido y que señale a todos aquellos cargos públicos y políticos que sabían que estas medidas iban a aplicarse en las residencias, con una discriminación hacia las personas que vivían en ellas».
Contexto del caso residencias
El llamado ‘caso residencias’ investiga las decisiones políticas y administrativas que, según los denunciantes, impidieron la derivación hospitalaria de miles de personas mayores residentes en centros sociosanitarios durante los momentos más críticos de la pandemia. La instrucción judicial analiza si estas directrices vulneraron derechos fundamentales y si, además, se incurrió en prevaricación por parte de los responsables políticos y sanitarios.
La evolución de estos procedimientos será clave para determinar posibles responsabilidades y sentar precedentes sobre la gestión institucional en situaciones de emergencia sanitaria.
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