La crisis interna del PP eclipsa el juicio al fiscal general y Moncloa respira aliviada tras las últimas decisiones judiciales
La inesperada dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana ha acaparado toda la atención mediática, relegando a un segundo plano diversas novedades trascendentales procedentes de los tribunales. Este acontecimiento ha supuesto un giro en la agenda política y judicial de la jornada, beneficiando indirectamente al Gobierno central en un momento de alta tensión política.
Un calendario adverso para el Partido Popular
El Partido Popular afrontaba una semana clave con varios hitos señalados en su estrategia. Tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, que el presidente superó sin grandes sobresaltos pese a la presión de la oposición, el foco debía trasladarse al inicio del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, la renuncia de Mazón desplazó completamente la atención, generando un nuevo terremoto político en el seno del PP.
Desde Moncloa, fuentes gubernamentales reconocen el impacto positivo que ha tenido este giro de los acontecimientos para el Ejecutivo, especialmente en un contexto marcado por la inestabilidad parlamentaria y el acoso judicial que enfrenta el Gobierno. “Feijóo no controla a su partido”, afirman fuentes del entorno del presidente, subrayando la debilidad del líder popular tras la salida de Mazón.
Desavenencias en el PP y el papel de Vox
La crisis en el PP valenciano ha puesto en evidencia la falta de cohesión interna y la dependencia creciente de Vox para mantener la estabilidad institucional en la Comunitat Valenciana. Mientras desde las filas populares se intenta desvincular a Alberto Núñez Feijóo de la renuncia de Mazón, en el Gobierno central consideran que el PP ha cedido excesivo poder a la ultraderecha desde la investidura de Mazón en 2023.
La formación de extrema derecha, por su parte, eleva ahora sus exigencias para facilitar la investidura de un nuevo president del PP, con Juanfran Pérez Llorca como principal candidato. Tanto el Ejecutivo central como el PSPV-PSOE y Compromís exigen la convocatoria de elecciones anticipadas, argumentando que la actual mayoría en Les Corts no refleja la voluntad popular.
- El Gobierno insiste en que el PP valenciano actúa de forma autónoma, ajeno al control de Génova.
- Vox incrementa su presión para condicionar la investidura de un nuevo presidente autonómico.
- Las fuerzas progresistas reclaman comicios anticipados para desbloquear la situación.
Las noticias judiciales quedan en un segundo plano
La coincidencia en el calendario ha relegado a un segundo plano informativo diversas decisiones judiciales relevantes para el Ejecutivo. Entre ellas, destacan la petición del juez Peinado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para analizar los correos electrónicos enviados por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, desde 2018; la publicación de un informe sobre la investigación al ministro Ángel Víctor Torres; y la decisión del Tribunal Supremo de abrir juicio oral contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de mascarillas durante la pandemia.
Desde Moncloa han recibido con “alivio” el contenido de estas resoluciones judiciales, destacando especialmente que el informe de la UCO descarta cualquier indicio delictivo en las comunicaciones del ministro Torres y que la instrucción del Supremo no menciona ni a Torres ni a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Reacciones y valoración desde el Gobierno
Fuentes del entorno del ministro Torres han celebrado la conclusión de la investigación, recalcando que “no hay nada delictivo” en las conversaciones analizadas por la Guardia Civil y denunciando la falsedad de las acusaciones vertidas por sectores de la derecha y la ultraderecha.
Asimismo, el equipo de Moncloa subraya que la atención mediática centrada en Valencia ha permitido que las novedades judiciales no hayan tenido un impacto negativo para el Ejecutivo. Consideran que la crisis en el PP valenciano deja a Feijóo en una posición de debilidad, dependiendo cada vez más de Vox para sostener el gobierno autonómico.
- El Gobierno se muestra confiado en poder “aguantar la legislatura hasta 2027”.
- Las resoluciones judiciales han despejado el horizonte de algunos de sus principales miembros.
- La crisis en el PP refuerza la percepción de liderazgo débil en la oposición.
Perspectivas políticas tras una jornada convulsa
La jornada ha puesto de manifiesto la compleja situación que atraviesa el PP, especialmente en la Comunitat Valenciana, donde la urgencia por evitar unas elecciones anticipadas se combina con la presión creciente de Vox y la falta de control desde la dirección nacional. Mientras tanto, el Gobierno central aprovecha los reveses de la oposición y los avances judiciales favorables para consolidar su posición en un escenario político cada vez más fragmentado y polarizado.
En este contexto, la estabilidad de la legislatura y la gobernabilidad en el ámbito autonómico dependen ahora de las negociaciones partidistas y del desarrollo de los próximos acontecimientos judiciales y políticos.
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