Crece en España la desconfianza en la justicia imparcial: ciudadanos perciben doble rasero político

¿La Justicia es igual para la derecha y la izquierda? La percepción de un doble rasero gana terreno en España

España se encuentra actualmente entre los países europeos con peor percepción sobre la independencia judicial, según reflejan tanto el Eurobarómetro como la Encuesta de Calidad de la Democracia del CIS. La confianza en la imparcialidad de los tribunales y en su capacidad para tratar por igual a políticos y ciudadanos comunes es una cuestión cada vez más debatida, especialmente en un contexto marcado por la polarización política y casos judiciales de gran repercusión mediática.

Desconfianza ciudadana y datos preocupantes

De acuerdo con los últimos datos del CIS publicados en abril de 2025, el 89,8% de los españoles considera que la Justicia no trata a los políticos igual que al resto de la ciudadanía. Además, ocho de cada diez encuestados dudan de la neutralidad de los jueces en las causas relacionadas con partidos políticos. La puntuación media de confianza en la Justicia se sitúa en un 4,76 sobre 10, quedando por debajo de otros servicios públicos y evidenciando una fuerte crisis de credibilidad institucional.

El Eurobarómetro de la Comisión Europea confirma esta tendencia: España figura a la cola en cuanto a percepción de independencia judicial, solo por delante de Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Chipre y Croacia. En 2025, el 44% de los ciudadanos identificaba la «injerencia o presión» de partidos y del gobierno como la principal causa de esta falta de imparcialidad. En contraste, países como Alemania, Finlandia y Austria lideran el ranking europeo en confianza judicial.

Causas de la crisis de confianza

Las asociaciones judiciales y los profesionales del sector coinciden en calificar de «preocupante» la situación, aunque discrepan en el diagnóstico y en la identificación de los responsables. Entre los factores señalados destacan:

• Instrumentalización política de la Justicia: La utilización de procesos judiciales como herramienta de enfrentamiento político contribuye a la desconfianza ciudadana.
• Polarización y exposición mediática: Los grandes casos judiciales relacionados con figuras políticas aumentan la percepción de parcialidad.
• Lentitud y falta de medios: La demora en la resolución de casos, especialmente los que afectan a ciudadanos comunes, agrava la insatisfacción.
• Falta de inversión: España destina menos recursos a la Justicia que otros países europeos, lo que repercute en la calidad del servicio.

Según Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), «la desconfianza responde, en gran medida, a la instrumentalización política de la Justicia, aunque los tribunales también contribuyen a ello cuando no actúan con el rigor necesario». Por su parte, Francisco Cano, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), subraya que, pese a todo, los tribunales se mantienen entre las instituciones más valoradas del país, por encima del Gobierno y los partidos políticos.

El impacto de los casos mediáticos y el papel de los jueces

Casos recientes, como la instrucción del juez Peinado contra Begoña Gómez, han puesto de relieve las tensiones existentes en torno al Poder Judicial. La decisión de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno y la argumentación sobre un posible riesgo de fuga han sido objeto de debate, tanto en el propio órgano judicial como en la opinión pública.

Desde JJpD se advierte que «las extravagancias y sobreactuaciones hacen mucho daño al trabajo judicial». Otros portavoces, como Roberto García Cenoceros de Foro Judicial Independiente (FJI), critican que parte de la carrera judicial haya adoptado etiquetas ideológicas, lo que, en su opinión, contribuye a deteriorar la confianza ciudadana.

¿Es legítima la crítica al Poder Judicial?

El debate sobre la legitimidad de las críticas a las sentencias y resoluciones judiciales también se ha intensificado. La mayoría de asociaciones y expertos coinciden en que la crítica razonada y fundamentada es no solo legítima, sino imprescindible para el funcionamiento democrático.

• Crítica y respeto: «Las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica. Es legítimo y saludable expresar desacuerdo y justificarlo», señala Roberto García Cenoceros (FJI).
• Límites de la crítica: La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) advierte que la presión política o atribuir intenciones partidistas a los jueces sin pruebas traspasa los límites aceptables.

Ángela Alemany, abogada penalista y miembro de Themis, respalda la necesidad de aceptar la crítica, pero recalca la importancia de combatir el corporativismo dentro de la judicatura para garantizar sanciones efectivas en caso de irregularidades.

Soluciones y propuestas para recuperar la confianza

Para revertir la tendencia negativa en la percepción pública, los expertos consultados coinciden en la necesidad de abordar varios frentes:

• Mejorar los tiempos de instrucción y la eficiencia procesal.
• Aumentar la inversión en recursos personales y materiales en el sistema judicial.
• Garantizar la claridad de las resoluciones y fortalecer la comunicación institucional.
• Fomentar la responsabilidad de los cargos públicos y evitar presentar a los jueces como aliados o adversarios políticos.
• Promover una cultura de independencia judicial, con mecanismos efectivos de sanción frente a posibles prevaricaciones.

En definitiva, los datos nacionales e internacionales evidencian una señal de alarma sobre la falta de confianza en la independencia judicial en España. La recuperación de la credibilidad pasa por una reforma profunda que combine rigor institucional, transparencia y responsabilidad tanto en el ámbito político como judicial.