CCOO y UGT rechazan que las mutuas puedan dar altas médicas, como propone Feijóo

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CCOO y UGT rechazan la propuesta de Feijóo sobre las competencias de las mutuas en las altas médicas

Los principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han manifestado este miércoles su rechazo frontal a la propuesta del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de ampliar las competencias de las mutuas para que puedan otorgar el alta médica a trabajadores en situación de incapacidad temporal.

Críticas a un posible conflicto de intereses

Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, ha subrayado en un comunicado que otorgar a las mutuas la facultad de decidir el fin de una baja laboral supone «dejar la salud de la persona trabajadora en manos de quien tiene un interés económico directo en que vuelva a su puesto cuanto antes». Según Luján, esta medida representa un claro conflicto de intereses y no puede considerarse una gestión sanitaria adecuada.

La propuesta de Feijóo

Durante un encuentro con empresarios, Núñez Feijóo prometió que, en caso de gobernar, reforzaría el papel de las mutuas, permitiéndoles realizar pruebas diagnósticas y, en determinadas patologías, otorgar el alta médica. Esta iniciativa ha generado una fuerte respuesta negativa por parte de los sindicatos, que advierten sobre los riesgos de dejar en manos de entidades empresariales decisiones que afectan directamente a la salud y los derechos de los trabajadores.

El papel actual de las mutuas

Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social que gestionan fondos públicos, pero están gobernadas por empresas asociadas. UGT y CCOO recuerdan que ya en 2023 se permitió a las mutuas realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos en casos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico, siempre en coordinación con el sistema público de salud. Sin embargo, según los sindicatos, la implicación real de las mutuas en el diagnóstico y tratamiento ha sido mínima, centrándose principalmente en el alta de los trabajadores.

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Postura del Gobierno y advertencias sindicales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también expresó su oposición en el pleno del Congreso, señalando que la prioridad del líder del PP es «darle poder a las mutuas para que sean ellas las que den altas médicas cuando los trabajadores están enfermos». Díaz acusó al PP de querer «criminalizar a los trabajadores» y «golpear a la gente trabajadora».

Por su parte, CCOO ha recordado que el actual modelo reconoce a las mutuas como asociaciones de empresarios, lo que, con mayores competencias, profundizaría en el conflicto de intereses. El sindicato defiende que el reconocimiento de prestaciones por contingencias comunes debe seguir siendo competencia exclusiva de funcionarios públicos, para garantizar la objetividad y los derechos sociales de los trabajadores.

Propuestas sindicales para evitar conflictos de interés

  • Incrementar los recursos públicos destinados a la gestión de la incapacidad temporal.
  • Reformar el modelo actual de mutuas, integrándolas plenamente como entidades gestoras de la Seguridad Social bajo su dirección y gestión pública.
  • Garantizar los derechos y condiciones laborales de las personas que trabajan en las mutuas en caso de integración en el sistema público.

Desde la perspectiva de los sindicatos, solo bajo una gestión plenamente pública se podría evitar que el control de un derecho social tan relevante como la incapacidad temporal recaiga en entidades con intereses económicos directos en la reincorporación de los trabajadores.

Conclusión

El debate sobre el papel de las mutuas en el sistema de bajas y altas médicas sigue abierto, con una clara oposición por parte de los principales sindicatos y del Gobierno a la propuesta del Partido Popular. La protección de los derechos de los trabajadores y la prevención de posibles conflictos de interés son los argumentos centrales en la postura sindical, que apuesta por reforzar la gestión pública y garantizar la objetividad en los procesos de incapacidad temporal.

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