Bruselas indica que corresponde a los tribunales españoles aplicar la sentencia sobre la amnistía
La Comisión Europea ha confirmado este miércoles la recepción de un escrito presentado por la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont, en el que se acusa a España de incumplir el derecho europeo. El documento solicita a Bruselas que actúe frente a la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar la ley de amnistía tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
- Bruselas indica que corresponde a los tribunales españoles aplicar la sentencia sobre la amnistía
- La Comisión Europea recibe la denuncia pero no adelanta valoraciones
- El papel de los tribunales remitentes en la aplicación de la sentencia
- Detalles de la denuncia y argumentos de la defensa
- Argumentos jurídicos y notificación al TJUE
- Contexto y próximos pasos
La Comisión Europea recibe la denuncia pero no adelanta valoraciones
Un portavoz de la Comisión Europea explicó que, tras recibir la carta de la defensa de Puigdemont, el procedimiento habitual consiste en registrar, examinar y evaluar las reclamaciones antes de tomar una decisión. «No tenemos más comentarios por el momento», señaló el portavoz, evitando pronunciarse sobre el fondo de la queja.
La carta, firmada por el abogado Gonzalo Boye, fue enviada después de que el Tribunal de Cuentas emitiera una providencia en la que cuestionaba si era posible no aplicar la amnistía a una treintena de ex altos cargos catalanes, entre ellos Puigdemont, en caso de que los fondos utilizados provinieran de la Unión Europea.
El papel de los tribunales remitentes en la aplicación de la sentencia
La Comisión Europea recordó que son los tribunales que remitieron las cuestiones prejudiciales al TJUE quienes deben aplicar las sentencias europeas relativas a la ley de amnistía. De este modo, Bruselas señala la responsabilidad de los órganos judiciales españoles en la ejecución de la resolución europea.
Detalles de la denuncia y argumentos de la defensa
El escrito de la defensa de Puigdemont, Comín y Lluís Puig sostiene que el Tribunal de Cuentas difundió una nota de prensa que, según alega, tergiversa el sentido del fallo del TJUE. En particular, el documento denuncia que el tribunal español afirmó que el fallo admitía las ocho cuestiones planteadas, cuando varias de ellas fueron declaradas inadmisibles.
- El recurso sostiene que el Tribunal de Cuentas está incurriendo en «inaplicación» de la sentencia europea.
- Se denuncia la reapertura de una fase probatoria prohibida por el marco procesal establecido.
- Se suspende «sine die» el plazo perentorio de dos meses que establece la ley de amnistía.
- Se mantienen medidas cautelares que afectan económicamente a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros.
Por estos motivos, la defensa solicita a la Comisión Europea que envíe con urgencia una carta de emplazamiento al Reino de España, poniendo de relieve la gravedad del supuesto incumplimiento y su impacto sobre las medidas cautelares.
Argumentos jurídicos y notificación al TJUE
La denuncia argumenta que la postura del Tribunal de Cuentas contraviene el principio de cooperación leal recogido en el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, así como el artículo 19 del mismo tratado y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Adicionalmente, la defensa de Puigdemont y los exconsellers ha remitido un escrito al TJUE para informar sobre lo que consideran un «incumplimiento manifiesto y deliberado» de la sentencia europea sobre la amnistía.
Contexto y próximos pasos
La actuación de la Comisión Europea se encuentra en fase de evaluación, mientras la defensa de los líderes independentistas catalanes sigue presionando para que las instituciones comunitarias intervengan ante la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar la ley de amnistía conforme a la reciente sentencia europea.
Por ahora, la Comisión insiste en que corresponde a los tribunales españoles que elevaron las cuestiones prejudiciales asegurar la correcta aplicación de las resoluciones del TJUE, mientras España afronta una nueva polémica judicial con repercusiones en el ámbito europeo.
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