Ayuso elude dar nombres en la polémica compra del ático de lujo en Chamberí

El Gobierno de Ayuso evita identificar a los responsables en la polémica compra del ático de Chamberí

La gestión de la Comunidad de Madrid, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de la controversia tras la adquisición de un ático de lujo en el barrio de Chamberí. La operación, realizada a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha generado numerosas dudas y críticas debido a la falta de transparencia en el proceso y la negativa del Ejecutivo autonómico a revelar quiénes participaron de forma activa en la compra.

Falta de explicaciones y respuestas oficiales

Desde que la noticia salió a la luz, hace casi una semana, el Gobierno regional no ha ofrecido una explicación clara sobre los motivos, procedimientos y responsables de la adquisición. La revelación de la operación, difundida inicialmente por El País, obligó a la Comunidad de Madrid a anunciar en menos de 24 horas la venta del inmueble para intentar contener la polémica. Además, el Ejecutivo prometió poner a la venta otros «cuatro inmuebles» en la Gran Vía, aunque posteriormente se confirmó que se trataba de un único activo: la tercera planta de Gran Vía 6.

En paralelo, se conoció que Alberto González Amador, pareja de Ayuso, ha puesto a la venta el piso donde reside junto a la presidenta regional, así como el ático situado en el mismo edificio, por un precio conjunto de 3,4 millones de euros.

Opacidad en el proceso de adquisición

El caso sigue rodeado de incógnitas. Se sabe que la compra se efectuó en abril de 2026 a través de Planifica Madrid, pero el Gobierno madrileño no ha detallado el coste del inmueble, ni el procedimiento seguido para su adquisición, tampoco el uso previsto para la vivienda. La primera versión oficial apuntaba a que el ático sería utilizado como «oficina temporal» para Ayuso durante unas obras en la sede gubernamental, unas obras que ni siquiera están licitadas y para las que el inmueble no cuenta con licencia, ya que es de uso residencial.

Lo que sí está claro es que alguien dio la orden para adquirir el ático y que la operación fue formalmente aprobada por el consejo de administración de Planifica Madrid o por su consejero delegado, Pedro Corbalán. Sin embargo, la Comunidad de Madrid se niega a identificar a las personas que participaron directamente en la decisión y ejecución de la compra.

Un marco legal que favorece la opacidad

Planifica Madrid es una sociedad mercantil de titularidad pública, pero al regirse principalmente por el Derecho Privado, el proceso de compra escapa a muchas de las exigencias de transparencia y control propias de la administración pública. La Ley 3/2001 de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y la Ley de Contratos del Sector Público dejan fuera a las sociedades mercantiles participadas por la Comunidad en operaciones como la compra directa de inmuebles, lo que facilita que no exista un expediente administrativo exhaustivo sobre la adquisición.

Esta situación permite al Gobierno regional actuar con mayor discrecionalidad y dificulta el acceso a información clave sobre el proceso, como la existencia de una tasación independiente, la intervención de intermediarios o las posibles comisiones abonadas.

Exigencias de transparencia y responsabilidad pública

A pesar de que la operación se ampare en el Derecho Privado, juristas consultados recuerdan que Planifica Madrid, como entidad pública, debe actuar en todo momento conforme al interés general, según el artículo 103 de la Constitución Española. Esto implica, entre otras obligaciones, la necesidad de justificar la adquisición con informes motivados y de asegurar que el precio pagado se ajuste a valor de mercado mediante una tasación independiente.

• ¿Se realizó una tasación independiente del inmueble?
• ¿Se elaboró un informe justificativo de la necesidad de adquirir el ático?
• ¿Participaron intermediarios y se pagaron comisiones?

Estas son algunas de las cuestiones que siguen sin respuesta por parte del Ejecutivo madrileño.

¿Quiénes participaron en la decisión?

El consejo de administración de Planifica Madrid está formado por nueve miembros, entre los que destacan Pedro Corbalán Ruiz, consejero delegado desde julio de 2023, y Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y presidente del consejo. Corbalán cuenta con una amplia experiencia en el sector privado y ha ocupado diversos cargos en la administración madrileña, mientras que García Martín es uno de los principales colaboradores de Ayuso y portavoz del Gobierno regional.

Ambos disponían de capacidad para autorizar la compra del inmueble. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no aclara si la decisión fue adoptada por el consejo en pleno, por su consejero delegado, o bajo instrucciones específicas del presidente de la sociedad. Tampoco se ha informado sobre la existencia de votos en contra, intermediarios, informes de necesidad o tasaciones independientes.

Reacciones y consecuencias políticas

La falta de transparencia en torno a la operación ha provocado que partidos de la oposición, como Más Madrid y el PSOE, exijan responsabilidades políticas. Más Madrid ha anunciado que llevará el caso ante los tribunales, mientras que el PSOE reclama la dimisión de la presidenta Díaz Ayuso. La polémica sigue abierta y el Gobierno regional mantiene su negativa a identificar a los responsables y a detallar los procedimientos seguidos en la compra.

Preguntas clave aún sin respuesta

Entre las cuestiones que permanecen sin aclarar, destacan:

• ¿Quién tomó la decisión final de comprar el ático: el consejo de administración o el consejero delegado?
• ¿Hubo algún voto en contra dentro del consejo?
• ¿Se realizó una tasación independiente y, en caso afirmativo, qué empresa la llevó a cabo?
• ¿Se justificó la necesidad de adquirir un inmueble de uso residencial?
• ¿Intervinieron intermediarios y qué comisiones se pagaron?

Hasta la fecha, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha dado respuesta a ninguna de estas preguntas, manteniendo un nivel de opacidad que alimenta la polémica y la desconfianza en la gestión pública de los recursos inmobiliarios.