Aragonès critica la decisión del Supremo de mantener en secreto parte de los documentos sobre su espionaje
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha expresado su desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo que respalda la reserva de información sobre su caso de espionaje con el software Pegasus. El alto tribunal ha validado que parte de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) permanezcan clasificados, argumentando razones de seguridad y protección del Estado de derecho.
El Supremo rechaza el recurso de la Generalitat
La polémica surge tras la sentencia emitida el pasado 8 de octubre por la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo. En ella, se desestima el recurso presentado por la Generalitat, que solicitaba la desclasificación total de los documentos vinculados al supuesto espionaje a Aragonès mediante Pegasus. El Supremo respalda así la postura del Consejo de Ministros de mantener en secreto parte de los archivos, al considerar que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad institucional.
Reacciones de Pere Aragonès
Tras conocerse la decisión judicial, Aragonès ha manifestado su rechazo a través de un mensaje en la red social X, donde ha lamentado que «el Estado español prioriza su derecho al espionaje al derecho de los ciudadanos a la acción política en libertad». El exmandatario catalán ha insistido en que «un Estado que viola la privacidad para defenderse de un movimiento democrático es un Estado débil».
Contexto del caso Pegasus en España
El caso Pegasus ha generado una importante controversia en el ámbito político español, especialmente en Cataluña. El software espía, capaz de acceder a información confidencial de dispositivos móviles, fue utilizado presuntamente para monitorizar a líderes independentistas, entre ellos Aragonès, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la protección de los derechos fundamentales y la transparencia del Estado.
- El Gobierno solo ha accedido a desclasificar una parte de la información solicitada por la Generalitat.
- El Supremo justifica la decisión por motivos de seguridad nacional.
- Las críticas se centran en el equilibrio entre seguridad y derechos civiles.
Debate sobre privacidad y Estado de derecho
El conflicto entre la protección de la seguridad nacional y el derecho a la información sigue abierto en España. Diversos sectores reclaman mayor transparencia y garantías para evitar vulneraciones de derechos, mientras que las instituciones insisten en la necesidad de mantener ciertas medidas de confidencialidad para salvaguardar el interés general.
El pronunciamiento del Tribunal Supremo y las críticas de Aragonès reavivan el debate sobre los límites del Estado en materia de privacidad y democracia, en un contexto marcado por la desconfianza y las demandas de mayor claridad institucional.
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