Los acusados del caso ‘Kitchen’ solicitan la nulidad del juicio al cuestionar la competencia de la Audiencia Nacional
En la apertura del juicio oral por el caso Kitchen, las defensas de los diez acusados han coincidido en solicitar la anulación del proceso judicial, argumentando que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para instruir la causa. El caso Kitchen investiga una presunta operación parapolicial financiada con fondos reservados, supuestamente destinada a espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y destruir pruebas relacionadas con la caja B del partido.
Cuestiones previas: competencia y nulidad de pruebas
Durante la primera sesión, las defensas han centrado sus alegatos en la fase de cuestiones previas, argumentando la falta de competencia de la Audiencia Nacional. Sostienen que los hechos juzgados no guardan relación directa con la causa original, conocida como caso Tándem, y que por tanto deberían ser remitidos a los tribunales ordinarios de Madrid.
El abogado Jesús Mandri, representante del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha encabezado la petición por la «falta de conexidad» entre la pieza principal del caso Villarejo y la pieza séptima, correspondiente a la Operación Kitchen. Según Mandri, la única coincidencia entre ambos procesos es la implicación del excomisario José Manuel Villarejo, también acusado en este juicio. «Si los hechos no son conexos, ninguno de ellos es competencia de la Audiencia Nacional», ha afirmado la defensa.
La defensa de Fernández Díaz también ha negado la existencia de pagos o acciones concretas relacionados con la supuesta trama de espionaje, cuestionando la base de la investigación.
Denuncias de vulneración de derechos y nulidad de pruebas
Tanto la defensa de Fernández Díaz como la de su exnúmero dos, Francisco Martínez, han denunciado la vulneración de derechos fundamentales, especialmente el de tutela judicial efectiva. Argumentan que la mayor parte de la instrucción, que se extendió durante más de dos años y medio, permaneció bajo secreto total o parcial durante casi todo el proceso.
En este contexto, la defensa de Fernández Díaz ha solicitado la exclusión de las actas notariales de los mensajes de WhatsApp intercambiados con Martínez, los cuales motivaron su imputación en el caso. Asimismo, las defensas han solicitado la nulidad de las principales pruebas, especialmente las grabaciones incautadas en el domicilio de Villarejo, al considerar que fueron obtenidas de manera ilícita. El abogado Pedro Colina, representante de Francisco Martínez, ha cuestionado los criterios utilizados para seleccionar los archivos que forman parte de la prueba, alegando la «imposibilidad fáctica» de ejercer la defensa sobre dicho material.
Solicitudes de nulidad y acusaciones
Otras defensas han solicitado la nulidad del juicio oral al considerar que se están juzgando delitos que exceden los hechos originalmente investigados. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 19 años de prisión para José Manuel Villarejo, y 15 años para Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, por delitos de encubrimiento, malversación, violación de la intimidad y cohecho pasivo.
- Jorge Fernández Díaz: exministro del Interior, acusado principal.
- Francisco Martínez: exsecretario de Estado de Seguridad, considerado mano derecha de Fernández Díaz.
- José Manuel Villarejo: excomisario, procesado en diversas piezas del caso Tándem.
- Eugenio Pino: exdirector adjunto operativo de la Policía.
- Andrés Gómez Gordo: asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.
Peticiones de las partes y polémica en la primera sesión
En una de las intervenciones más controvertidas de la jornada, el abogado de Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas y actual agente de la Policía Nacional, acusó a la Fiscalía de «amenazar» y «coaccionar» a su defendido, declaraciones por las que fue apercibido por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios.
Por su parte, la Abogacía del Estado, en calidad de responsable civil subsidiario y acusación pública, alegó una vulneración del derecho de defensa por la falta de un llamamiento formal para presentar el escrito de defensa. La Abogacía del Estado asume este papel tras rechazarse la inclusión del Partido Popular como responsable civil a título lucrativo. Sin embargo, el PSOE, como acusación popular, insiste en que el PP debe ser considerado beneficiario último de la supuesta operación de espionaje, por su interés en frenar la investigación del caso Gürtel.
Perspectivas del proceso
El juicio por el caso Kitchen promete ser uno de los procedimientos judiciales más relevantes en la reciente historia política española, al sentar en el banquillo a antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y abordar las responsabilidades derivadas de presuntas operaciones irregulares contra antiguos miembros del Partido Popular. Las peticiones de nulidad y las denuncias por falta de garantías procesales marcarán el rumbo de las próximas sesiones.
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