Derogación de la ley ‘ómnibus’: ¿qué medidas sociales quedan sin efecto?
El Congreso de los Diputados ha rechazado el real decreto ley ‘ómnibus’ aprobado por el Gobierno el pasado diciembre, una decisión que supone la caída de numerosas medidas sociales que estaban en vigor y que afectaban a diferentes sectores de la población española. La derogación impacta especialmente en políticas relacionadas con el escudo social, las pensiones y el salario mínimo.
Principales medidas que decaen tras la derogación
La retirada del real decreto implica la desaparición inmediata de una serie de iniciativas diseñadas para proteger a los colectivos más vulnerables y fomentar la recuperación económica. A continuación, se detallan las principales medidas que dejan de estar vigentes:
- Revalorización de las pensiones: Queda sin efecto el incremento del 2,7% previsto para todas las pensiones en 2026.
- Mejora de las pensiones mínimas: Se suspende la subida del 7% planteada para estos beneficiarios.
- Incremento del Ingreso Mínimo Vital y pensiones no contributivas: El aumento del 11,4% para estas prestaciones deja de aplicarse.
- Salario Mínimo Interprofesional (SMI): No se prorroga el SMI de 2025. Sin embargo, el Gobierno ha establecido un criterio temporal para evitar un vacío legal hasta que se apruebe la actualización correspondiente a 2026.
- Cotizaciones sociales de autónomos: Se elimina la congelación de las cuotas, lo que podría suponer un aumento inmediato para este colectivo.
- Jubilación anticipada de bomberos forestales y agentes medioambientales: Deja de aplicarse la cotización adicional que les permitía acceder antes a la jubilación.
- Compatibilidad entre pensión y trabajo para médicos: Se cancela la ampliación que permitía que médicos de atención primaria, de familia y pediatras pudieran simultanear la pensión de jubilación con la actividad laboral.
- Protección frente a desahucios: Se levanta la suspensión de los desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional.
- Prohibición de cortes de suministros básicos: Queda sin efecto la prohibición de interrupción de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables.
- Descuentos en el bono social eléctrico: No se prorrogan los descuentos del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos.
- Entregas a cuenta para comunidades autónomas: Se elimina la prórroga de estas partidas presupuestarias.
- Régimen fiscal especial para autónomos: Deja de estar vigente la prórroga de los umbrales que permitían acogerse al régimen de módulos de IRPF e IVA y al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
- Declaración de la renta para perceptores de desempleo: Se restablece la obligación de presentar la declaración del IRPF para quienes reciben prestaciones por desempleo.
- Exención fiscal por daños de incendios forestales: Se elimina la exención de IRPF para ayudas por daños personales provocados por incendios.
- Ayudas a la reconstrucción tras la DANA: Finaliza la prórroga de estas ayudas y las exenciones fiscales para afectados.
- Bonificaciones por vehículos eléctricos e instalaciones de recarga: Ya no se podrá deducir hasta el 15% del importe en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos o instalación de puntos de recarga.
- Incentivos fiscales por eficiencia energética: Se suprime la bonificación por inversión en obras de eficiencia energética en viviendas.
- Pérdidas empresariales durante la pandemia: Termina la prórroga del criterio que permitía a las empresas no computar las pérdidas sufridas en 2020 y 2021 a efectos de disolución.
Impacto en la ciudadanía y próximos pasos
La derogación de la ley ‘ómnibus’ representa un cambio sustancial en la protección social para millones de ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. La incertidumbre sobre la continuidad de estas medidas genera preocupación en colectivos como pensionistas, familias en riesgo de exclusión, autónomos y afectados por catástrofes naturales.
El Gobierno deberá buscar nuevas fórmulas legislativas o acuerdos parlamentarios que permitan recuperar o adaptar algunas de estas políticas, en un contexto de elevada sensibilidad social y económica.
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