El Tribunal Supremo archiva la querella de Vox contra Pedro Sánchez por el supuesto aviso a Ábalos sobre una investigación de la UCO
El Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con un presunto aviso al exministro José Luis Ábalos sobre una investigación reservada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según el Alto Tribunal, la acusación carece de datos objetivos que respalden la veracidad de los hechos denunciados.
Motivos del archivo de la querella
La Sala de lo Penal del Supremo ha inadmitido a trámite la querella, en la que Vox acusaba a Sánchez de delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento. El partido basó su denuncia en una información periodística publicada en septiembre de 2023, que señalaba que el presidente habría alertado a Ábalos sobre la investigación que afectaba a su exasesor Koldo García, cuando dicha investigación era de carácter reservado.
No obstante, el tribunal considera que los hechos descritos en la querella “no son constitutivos de ilícito penal alguno”. Por ello, ha acordado su inadmisión y el archivo de las actuaciones.
La falta de pruebas objetivas, clave en la decisión
Según la resolución, la simple publicación en un medio de comunicación de que el querellado habría realizado un determinado comportamiento no justifica por sí sola la apertura de un procedimiento penal. El tribunal argumenta que, aunque la noticia se basa en declaraciones de un entrevistado, estas no están acompañadas de ningún dato objetivo que respalde su veracidad, ni se presentan indicios o pruebas que le otorguen consistencia a la acusación.
La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Pablo Llarena, subraya que admitir la querella en estas condiciones supondría contravenir la prohibición de investigaciones prospectivas, es decir, aquellas que se inician sin base probatoria concreta.
Doctrina constitucional y requisitos legales
El Supremo recuerda en su auto la doctrina constitucional reiterada según la cual el ejercicio de la acción penal no implica un derecho incondicionado a la apertura de un proceso judicial, sino que exige un pronunciamiento motivado del juez sobre la calificación jurídica de los hechos.
- En virtud del artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), el juez debe rechazar la querella si el relato de los hechos no puede encuadrarse en ningún delito del Código Penal.
- Asimismo, aunque los hechos descritos inicialmente puedan parecer delictivos, la denuncia debe aportar algún elemento o principio de prueba que respalde razonablemente su realidad.
Contexto y antecedentes
Esta decisión se suma a otras querellas archivadas recientemente por el Supremo contra altos cargos del Ejecutivo, en las que la falta de pruebas sólidas ha sido determinante para la inadmisión. El tribunal insiste en la necesidad de aportar indicios objetivos para sustentar cualquier acusación penal, especialmente cuando se dirige contra responsables políticos en ejercicio.
El archivo de la querella refuerza la posición de la Sala Penal en defensa de la seguridad jurídica y la protección frente a denuncias infundadas basadas únicamente en informaciones periodísticas sin respaldo probatorio.
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