La UCO amplía la investigación sobre comisiones ilegales en contratos públicos hasta Asturias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado la presencia de una presunta trama de corrupción en Asturias, extendiendo así el alcance de sus investigaciones a nuevas regiones de España. El caso, que ya abarca varias comunidades y operaciones en el extranjero, centra ahora su atención en una concesión relevante en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), ubicado en Avilés.
Una presunta comisión de 400.000 euros bajo la lupa
Según fuentes de la investigación, la UCO sospecha que la trama habría percibido una comisión ilícita de 400.000 euros relacionada con la adjudicación de un contrato valorado en 2,8 millones de euros para el desmantelamiento de las antiguas baterías de coque de Avilés. La adjudicación se produjo en el segundo semestre de 2021, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de contratos presuntamente amañados y el cobro de comisiones.
Entre los principales investigados figuran Leire Díez, considerada una de las cabecillas de la red; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la compañía Servinabar.
Una trama de alcance nacional e internacional
La investigación considera significativa esta operación en Asturias no solo por su cuantía, sino porque evidencia que la red operaba en todo el territorio nacional y llegó a intervenir incluso en obras en Marruecos. De las cinco adjudicaciones bajo análisis, la de Avilés justificaría más de la mitad de los 750.000 euros en comisiones que la UCO ha detectado entre 2021 y 2023 en torno a Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández Guerrero, todos relacionados con contratos y ayudas vinculados a sociedades dependientes de la SEPI.
Otras operaciones bajo investigación
- Rescate de Tubos Reunidos: El rescate de esta empresa alcanzó un coste de 112,8 millones de euros y está bajo sospecha por una comisión de 115.000 euros.
- Financiación a Arapellet: La Sociedad Estatal de Promoción y Desarrollo Empresarial (Sepides) concedió 17,32 millones de euros a la compañía Arapellet, dependiente de Forestalia, operación que habría generado una comisión de 200.000 euros.
- Contrato de Mercasa: Se investiga también un contrato menor adjudicado por la empresa pública Mercasa a Servinabar, empresa vinculada a Antxon Alonso y Santos Cerdán.
Las pesquisas apuntan a que los implicados aprovecharon su influencia en ministerios clave del Gobierno, como Hacienda y Transición Ecológica, durante las etapas de María Jesús Montero y Teresa Ribera, respectivamente, para facilitar adjudicaciones y subvenciones públicas a cambio de comisiones.
Investigación judicial en marcha
El caso está siendo instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Antonio Piña. Los delitos que se investigan incluyen prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Fuentes próximas a la investigación aseguran que Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández Guerrero formaban parte de un grupo de mensajería llamado «Hirurok» —que significa «los tres juntos» en euskera—, donde presuntamente negociaban las comisiones y los porcentajes de beneficio asociados a los contratos públicos obtenidos.
Una red con respaldo institucional
Según los investigadores, las comisiones ilegales detectadas solo serían posibles con el respaldo de figuras relevantes dentro de la Administración. Aunque por ahora la investigación se centra en los contratos identificados, no se descarta que existan más ramificaciones y beneficiarios dentro de la trama.
La red habría iniciado su actividad tras la pandemia de 2020 y, según las primeras estimaciones, habría amañado al menos cinco contratos por un valor total de 132,9 millones de euros. El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría desempeñado un papel clave en la estructura y funcionamiento del entramado.
Conclusión
La expansión de la investigación a Asturias refuerza la hipótesis de la UCO sobre la dimensión nacional e internacional de la trama. A medida que avanza el proceso judicial, se espera que salgan a la luz nuevos datos sobre otras posibles operaciones y personas implicadas en esta supuesta red de corrupción que, según las pesquisas, llevaba años operando en la administración pública española.
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