El juez Peinado exige las agendas de Begoña Gómez y advierte sobre posibles consecuencias legales
El juez Juan Carlos Peinado ha reiterado su solicitud a la Presidencia del Gobierno para que entregue las agendas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, así como las de su asistente Cristina Álvarez. El magistrado ha advertido que la falta de entrega de esta documentación podría suponer la comisión de un delito de desobediencia.
Requerimientos a la Presidencia del Gobierno
La petición formal de Peinado, recogida en un auto fechado el 4 de noviembre, forma parte de la investigación en curso por presuntos delitos que involucran a Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Como parte de las diligencias, el juez ha requerido a la Presidencia que remita las agendas de Gómez y Álvarez para su análisis por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Además de las agendas, el juez ha solicitado los datos salariales de Álvarez y todos los antecedentes relacionados con el nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente, incluyendo la delimitación de los puestos y las funciones desempeñadas.
Información detallada sobre viajes y gastos
El magistrado también ha pedido información íntegra y detallada sobre los viajes realizados por Cristina Álvarez que hayan sido financiados con fondos públicos. Entre la documentación requerida se incluyen órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas, liquidaciones o justificantes de pago, identificación de destinos, pagos de dietas y gastos de representación desde la contratación de Álvarez, el 16 de julio de 2018, hasta la fecha actual.
Nuevo apercibimiento y advertencia de desobediencia
En una resolución fechada el 26 de noviembre, el juez Peinado ha reiterado su solicitud a la Moncloa, instando a que se entreguen las agendas y los datos requeridos el 4 de noviembre. Asimismo, ha solicitado que, en caso de no poder remitir la documentación, se expongan las causas que lo impiden. El magistrado ha advertido de que la falta de respuesta o justificación podría acarrear la consideración de un delito de desobediencia por parte de la administración.
Este requerimiento se enmarca en una investigación que sigue avanzando y que incluye la citación de varios cargos de la Universidad Complutense como testigos, así como la realización de múltiples diligencias orientadas a esclarecer los hechos.
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