El decano del ICAM advierte sobre la gravedad de la filtración en el caso del novio de Ayuso
La cuarta sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, se ha iniciado este martes con la declaración del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón. El procedimiento surge tras la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía que contenía extractos de correos electrónicos sobre negociaciones reservadas entre el abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— y el fiscal encargado del caso.
Preocupación en la abogacía por la actuación de la Fiscalía
Ribón ha relatado ante el tribunal el clima de inquietud que se generó en el ámbito jurídico tras la publicación, el 14 de marzo de 2024, de la mencionada nota de prensa. Según sus palabras, tanto él como otros miembros de la junta de gobierno del ICAM comenzaron a recibir numerosas llamadas y mensajes de compañeros del sector expresando su preocupación por la ruptura de la confidencialidad en las negociaciones.
El decano explicó que, al día siguiente de la difusión pública, mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, la fiscal jefe provincial de Madrid y otros fiscales. Durante el encuentro, García Ortiz propuso la emisión de un comunicado conjunto para mostrar cordialidad entre ambas instituciones, pero Ribón rechazó la idea, insistiendo en la necesidad de abrir una investigación y depurar responsabilidades ante la gravedad de los hechos. La reunión terminó de manera abrupta tras la negativa del decano.
Acciones legales y desvinculación institucional
Ribón subrayó que la participación del ICAM como acusación popular en este proceso judicial se ha centrado exclusivamente en la difusión de la nota de prensa por parte de la Fiscalía. «Nos centramos únicamente en la nota de prensa. Y a eso quedamos constreñidos», afirmó ante el tribunal.
El decano denunció la excepcionalidad de la situación, asegurando que nunca antes se había vivido una fractura tan clara del derecho de defensa en el entorno judicial. Como respuesta, el Colegio de Abogados de Madrid decidió emprender acciones penales por la ruptura de la confidencialidad y desvincularse del protocolo de conformidades, una medida adoptada ante el profundo malestar generado por la actuación de la Fiscalía.
- La desvinculación, sin embargo, no impidió a los abogados seguir alcanzando acuerdos con la Fiscalía.
- Ante la pregunta de la Abogacía del Estado, Ribón no pudo precisar si el número de conformidades ha variado desde entonces.
Investigaciones internas en la Fiscalía
Posteriormente, compareció María Antonia Sanz Gaite, fiscal jefa de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, quien detalló que la Fiscalía abrió dos expedientes internos a raíz de denuncias presentadas por Manos Limpias y el propio colegio de abogados de Madrid. Ambos expedientes fueron unificados y quedaron en suspenso tras la apertura de diligencias judiciales, ya que la ley impide a la Fiscalía continuar sus investigaciones internas cuando existe un procedimiento penal en marcha.
Sanz Gaite explicó que la inspección fiscal fue la primera instancia en iniciar el expediente, pero se vio obligada a suspenderlo al iniciarse el procedimiento penal: «No hubo tiempo de hacer nada. Cuando habíamos empezado a instruir nuestro expediente, ya se había incoado un procedimiento penal».
Consideraciones sobre la protección de datos
También compareció Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado. Hidalgo afirmó que la controvertida nota de prensa no constituye una violación de seguridad desde la perspectiva de protección de datos. Señaló que nunca recibió información ni reclamaciones específicas por parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía sobre la publicación o filtración relativa a la denuncia y expediente tributario de González Amador.
Hidalgo aclaró que solo interviene en casos en los que existen reclamaciones formales o comunicaciones directas, lo cual no sucedió en este caso. «Si, por ejemplo, su patrocinado se hubiera dirigido a mí, que no lo ha hecho, yo le hubiera dado una respuesta sobre las cuestiones planteadas», explicó.
Conclusiones
La sesión ha puesto de manifiesto la tensión existente entre el ámbito fiscal y el colegiado de abogados tras la filtración de información confidencial. El proceso judicial continúa, mientras la profesión jurídica debate sobre las implicaciones de la actuación de la Fiscalía y la protección del derecho de defensa en España.
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